Piden a la SCJN atraer el caso Florence Cassez

Miguel Sarre, investigador del ITAM, e Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general, piden a la Corte que atraiga el caso de la francesa Florence Cassez y analice las contradicciones del caso

En conferencia de prensa, informó que el pasado 12 de noviembre entregó al máximo tribunal del país un oficio que contiene una opinión técnica del expediente el cual es ajeno a la defensa, en el que pide sea esa instancia la que determine en este caso.

Señaló que es necesario actuar con imparcialidad en el caso de la ciudadana francesa ya que existen contradicciones en el proceso.

En ese sentido, indicó que esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte la petición oficiosa y se haga cargo del asunto para demostrar si existen los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de Florence Cassez, "ya que el juicio comenzó con una detención que no cumple con los elementos necesarios".

Alfonso García, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indicó que este organismo entregó una opinión técnica del expediente al Séptimo Tribunal Colegiado que en los próximos días determinará la solicitud de amparo que interpuso la defensa de Florence Cassez.

En este sentido, indicó que presuntamente los hechos no se dieron como lo manejan las autoridades, por lo que es necesario clarificar varios puntos para no caer en injusticias.

En su oportunidad, la periodista Anabel Hernández dio lectura a un documento que envió el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga al Séptimo Tribunal Colegiado en el que precisa que en el procedimiento no se respetaron los derechos de la sentenciada.

Indicó que desde el punto de vista del también ex embajador de México en Francia, es necesario garantizar la credibilidad de la justicia, por lo que es necesario ayudar a la búsqueda de la verdad.

En el mismo tenor, se pronunció el padre Pedro Arellano, de la Comisión Pastoral Penitenciaria del Episcopado Mexicano, quien señaló que después de analizar el expediente se llegó a la conclusión de que se violaron los derechos de la ciudadana francesa.

"Por este motivo consideramos que es injusta la sentencia de 60 años que se le dictó, motivo por el cual estamos luchando para demostrar su inocencia", concluyó.