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GUATEMALA, Guatemala, nov. 23, 2010.- El desmembramiento de los cuerpos y en otros casos hasta la decapitación, es una nueva forma que se utiliza en Guatemala para asesinar a las mujeres.
El ambiente de asesinatos contra las mujeres en Guatemala supera el tema de las muertes de Ciudad Juárez, México, declaró la diputada Nineth Montenegro.
"Guatemala no provoca interés, ni durante el conflicto armado y tampoco ahora, tal vez por ser un país pequeño, pero el tema está dejando de ser un problema nacional para convertirse en uno regional. Tanta saña y empecinamiento contra las mujeres se explica como resultado de un sistema excluyente, que minimiza el papel de la mujer", señala la diputada Montenegro.
La parlamentaria, quien desde hace más de tres décadas ha trabajado a favor de los derechos humanos, particularmente en la búsqueda de los desaparecidos, agrega: " El abuso es una conducta que en muchos hogares se pone en práctica; las mujeres son golpeadas como algo 'normal' en un ambiente de violencia que pone en peligro la vida de las personas, no solamente en las calles, también en sus propias casas".
Pero lo más lamentable es la ausencia del Estado para enfrentar y detener este ambiente criminal.
"El Ministerio Público no tiene la capacidad investigativa que se requiere y ello imposibilita la línea de acción para poder determinar la identidad de los responsables de estos hechos tan repudiables", indica la diputada guatemalteca.
Pero también las leyes se confabulan en este tema, explica el jurista Carlos Israel Velásquez, ex presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados: "Hay factores que hay que evaluar que no son resultado del crimen organizado, como por ejemplo con la aplicación de la ley de la violencia contra la mujer".
Los legisladores que aprobaron esta reciente ley no evaluaron que se está violando un precepto constitucional, por cuanto no existe el principio de igualdad, señala el jurista guatemalteco.
"Existen severas penas al aplicar esta ley, que se identifican en tres aspectos: la violencia física, la psicológica y la económica; que son muy difíciles de probar porque la misma unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no tiene capacidad para probar la violencia psicológica y se mal interpreta la violencia económica ante el incumplimiento de las obligaciones paternales, entonces las mujeres afectadas recurren en auxilio al Ministerio Público, lo cual se presta de manera inmediata solicitando a los tribunales correspondientes la orden de aprensión", dice Velásquez.
"Los hombres aprendidos no gozan de la medida sustitutiva y durante el proceso penal permanecen encarcelados durante cinco y seis meses como mínimo, lo que provoca en reiterados casos que al salir de la prisión, el varón tome justicia por sus propias manos, asumiendo haber sufrido un daño al estar durante varios meses privado de su libertad, porque en la cárcel llegan a perder sus fundamentos morales", agrega Carlos Israel Velásquez.
Por su parte Otto Pérez, secretario general del Partido Patriota, una organización partidaria que ha planteado la necesidad que se aplique la pena de muerte en delitos que contempla la Constitución, declara que no solamente los asesinatos atroces contra las mujeres han aumentado, también otro tipo de prácticas de violencia.
"No sólo no hay prevención, sino que también el actual gobierno ha fracasado en su política de seguridad pública. Han improvisado porque no cuentan con los planes y equipos humano y técnico de investigación, por eso no se castiga a los responsables de los crímenes no solamente contra las mujeres, hablamos de los 18 o 19 asesinatos que se cometen diariamente en Guatemala", dice el político de oposición.
El último informe de muertes violentas registrado en las pasadas veinticuatro horas, por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- muestra el resultado de las 26 necropsias practicadas, de las cuales 12 corresponden a mujeres.
El reporte indica que de esa cifra: tres murieron por heridas provocadas con disparos con armas de fuego, dos por asfixia "en sus diferentes modalidades", una por intoxicación, cinco fallecimientos en hospitales por "causas por establecer" y una por otra causa.
Estos reportes no recogen la realidad, indica el abogado Velásquez, "esos renglones por establecer o diferentes modalidades de muertes, nunca son documentados debido a que no se sigue la investigación debida para poder comprobar el origen de las muertes, que bien pueden ser por enfermedad común, pero también por acciones de la violencia y entonces la estadística no recoge la realidad de lo que ocurre en Guatemala".
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