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PANAMÁ, Panamá, oct. 23, 2012.- El Gobierno de Panamá anunció que derogará la venta de tierra en la Zona Libre de Colón (ZLC) tras las protestas que dejaron al menos tres muertos, entre ellos un menor, y el paro de los sectores comercial y sindical.
"Si el pueblo Colonense no quiere que se vendan las tierras de ZLC, se derogará la venta", publicó en su cuenta de Twitter el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
"Los aumentos de alquileres 100 % para Colón", añadió Martinelli en su cuenta en la red social.
Previamente, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, había anunciado en rueda de prensa que por orden de Martinelli se modificaría una parte de la Ley y además se suspendería el artículo que permite las ventas de los terrenos mientras se mantuviera un diálogo que el Gobierno intenta entablar, hasta ahora sin éxito, con los sectores que protestan en Colón.
"No vamos a proceder a vender nada mientras estemos conversando... el artículo que permite las ventas está suspendido" dijo De Lima.
El ministro anunció que se modificará la llamada Ley 72 para que todo lo que se obtenga con la venta de terrenos de la Zona Libre se destine a un fideicomiso que financie proyectos de desarrollo e interés social en la región.
La Ley original destinaba el 35 por ciento a ese fideicomiso.
Pese esos ofrecimiento, los convocantes del paro iniciado el lunes en Colón sostuvieron que mantendrían la acción de protesta al menos 24 horas más y que sólo la levantarían y se sentarían a dialogar con el Gobierno si se anula de la Ley 72.
"Nosotros no aceptamos la propuesta del Gobierno" presentada por De Lima, "exigimos la derogación de la ley... Esas tierras son más productivas en manos del Estado que en manos de privados", respondió el dirigente del Frente Amplio colonenses, Felipe Cabezas.
Desde la semana pasada la ciudad portuaria y puerta en el Atlántico del Canal de Panamá ha sido escenario de protesta cívicas y también de actos de vandalismo y saqueos, en medio de los cuales han muerto un menor de 10 años, según confirmaron las autoridades, y otros dos adultos, de acuerdo con fuentes gremiales y los medios locales.
El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, se limitó este martes a reconocer que en las protestas "han fallecido algunas personas", pero dijo que hay que esperar a que el Ministerio Público aclare las circunstancias.
Los sectores que se oponen a la privatización de la Zona Libre de Colón y que han pedido derogar la ley que lo permite alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo.
El Gobierno ha defendido la ley con el argumento de que permitirá a la región recabar jugosos fondos para su desarrollo, y que permitirá ajustar los precios de los arrendamientos, considerados por Martinelli como irrisorios.
El Ejecutivo también ha dicho que ningún usuario de la Zona Libre estaría obligado a comprar el terreno que usa y que podría mantener el arrendamiento actual, aunque con un canon más alto.
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