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WASHINGTON, Estados Unidos, jun. 24, 2012.- El líder legislativo Darrell Issa, que exige al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregue de documentos sobre una operación fallida que propició el contrabando de miles de armas a México, dijo el domingo que por ahora no hay pruebas de que funcionarios de la Casa Blanca hayan engañado al Congreso o incurrido en encubrimiento.
El republicano Darrell Issa, de la Cámara de Representantes, expresó también la esperanza de que "esto se quede en el departamento de Justicia" y que el departamento decida entregar el material solicitado sobre la operación "Rápido y Furioso".
La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la cámara baja, encabezada por Issa y bajo control de los republicanos, ha convocado a una sesión de ésta última instancia con la intención de declarar en desacato al secretario de Justicia, Eric Holder, pero el presidente Barack Obama se acogió al fuero ejecutivo para retener los documentos pedidos.
El presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, ha dicho que la medida de Obama fue "una admisión de que funcionarios de la Casa Blanca estaban involucrados en una decisión que engañó al Congreso y encubrió la verdad".
Sin embargo, Issa, consultado por la cadena de televisión Fox sobre si los legisladores tenían ya evidencia que sustentaran esa aseveración, respondió: "No, no la tenemos".
Boehner aportó el jueves un elemento humano a la batalla por los documentos relacionados con la Operación Rápido y Furioso. Dijo que la familia del agente fronterizo asesinado Brian Terry merece respuestas sobre las armas que cobraron su vida.
Dos armas de fuego a las que se les permitió cruzar de Arizona a México en el fallido esfuerzo de rastreo de armas fueron encontradas cerca del cuerpo de Terry.
"La familia Terry merece respuestas sobre por qué su hijo fue muerto como resultado de una operación dirigida por el gobierno de Estados Unidos", dijo Boehner durante su conferencia de prensa semanal.
Durante la investigación de año y medio de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental, el Departamento de Justicia entregó cerca de 7.600 documentos sobre detalles de la Operación Rápido y Furioso, pero debido a que el departamento negó inicialmente y luego admitió haber usado una riesgosa técnica de investigación conocida como "permitir que las armas caminen", la comisión ha centrado su atención en la manera en que el departamento respondió a la investigación. Los documentos adicionales que busca obtener tratan sobre ese tema.
La Oficina para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés) depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el caso de "Rápido y Furioso", los agentes en Arizona de la ATF abandonaron la práctica acostumbrada de interceptar todas las armas que creen fueron adquiridas de manera ilícita.
En vez de eso, la meta de permitir el tráfico de armas era rastrear tales armas para detectar a los traficantes de armas de alto nivel que por mucho tiempo han evadido la acción de la justicia.
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