Urge ONU a Estados Unidos a abolir la pena capital

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, llamó a Estados Unidos a abolir la pena capital como lo hizo el distrito de Connecticut

GINEBRA, Suiza, abr. 27, 2012.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH,) Navi Pillay, elogió hoy la decisión del gobierno de Connecticut, Estados Unidos, de abolir la pena de muerte y llamó a otros estados de ese país a hacer lo mismo.

Luego de encomiar la decisión del decimoséptimo estado en abolir la pena capital, el portavoz del ACNUDH, Rupert Colville, subrayó en rueda de prensa en Ginebra la necesidad de eliminar esa pena en todo el territorio estadounidense.

"Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para alentar a otros estados, así como a las autoridades federales, para avanzar hacia la abolición de la pena capital por completo", insistió.

"A pesar de que la imposición de la pena de muerte se redujo a la mitad entre 2001 y 2011, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, Estados Unidos se ubicó entre los cinco primeros países que llevaron a cabo ejecuciones el año pasado", agregó.

"Los otros cuatro son China, Irán, Arabia Saudita e Irak", precisó el portavoz.

Colville se refirió a que en noviembre próximo los electores de California decidirán sobre la abolición de la pena de muerte, en una entidad en la que hay alrededor de 720 personas en el corredor de la muerte, según informes de organizaciones civiles.

Amnistía Internacional (AI) ha indicado que desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, han sido ejecutadas más de mil 280 personas en los 34 estados donde se aplica esa condena, 480 de ellos en la prisión de Huntsville, en Texas.

En la actualidad, un total de 58 mexicanos están condenados a la pena capital en prisiones de Estados Unidos, indicó a AI.

De ellos, 39 forman parte de la demanda conocida como Caso Avena, en la que gobierno de México acudió ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para señalar que los condenados a muerte no recibieron asistencia consular, como lo exige la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.