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MADRID, España, abr. 13, 2012.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió este viernes de que "cualquier agresión" que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerada por parte del Gobierno español como una agresión a España y el Ejecutivo se reserva las reacciones que considere oportunas.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo por su parte que todavía no les consta que el Ejecutivo argentino haya adoptado una decisión sobre la nacionalización de la petrolera YPF, controlada por Repsol, pero que si la toma sería "muy negativa para los intereses españoles".
Advirtió asimismo que el Ejecutivo "tomará las decisiones que correspondan" si se produce esa decisión por parte argentina para defender los intereses españoles.
COMISIÓN EUROPEA DICE ESTAR AL LADO DE ESPAÑA
Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha asegurado hoy que está "al lado de España" ante los supuestos planes de Argentina de nacionalizar la petrolera YPF, controlada por Repsol, y ha instado a Buenos Aires a buscar una solución negociada y que respete sus compromisos internacionales.
"La Comisión, a través de su delegación en Argentina, ha expresado su preocupación al Gobierno argentino, por medio de un contacto entre nuestro jefe de delegación y un miembro del gabinete de la señora (Cristina Fernández) Kirchner en Buenos Aires", confirmó el portavoz comunitario Olivier Bailly preguntado en una rueda de prensa.
Según aseguró a Efe una fuente comunitaria, esos contactos se produjeron ya la pasada semana.
En sus conversaciones con Buenos Aires, Bruselas ha subrayado "sobre todo, la necesidad para la Comisión de que todas las partes encuentren una solución acordada juntos y que no perjudique el ambiente de trabajo, las relaciones económicas entre la UE y Argentina", explicó.
Según el portavoz, la CE espera que el Gobierno argentino "garantice el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio".
Bailly explicó que todos los contactos con Argentina se han hecho a través de la oficina europea en Buenos Aires y negó que haya habido conversaciones directas entre el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y Cristina Fernández.
"Seguimos muy atentos a la situación", ha recalcado Bailly, que ha asegurado que Bruselas está en contacto con las autoridades españolas y permanecerá "al lado de España" en este caso.
"Estamos aquí para defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros o por compañías con su sede en Europa", ha subrayado el portavoz.
Según ha insistido, el objetivo de Bruselas es "ayudar a Argentina y a España a lograr una solución" que asegure las buenas relaciones y el clima empresarial.
Fuentes comunitarias señalaron, asimismo, que la CE "tiene interés en intervenir" en este caso, puesto que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, las inversiones directas de los Veintisiete en países terceros pasan a ser también una competencia de la Unión Europea (UE).
Con el objetivo general de "proteger las inversiones" europeas en el extranjero, recordaron, la Comisión y los Estados miembros tramitan actualmente una nueva legislación que busca una transición gradual desde el actual sistema de tratados bilaterales de inversión (BITs) entre Estados miembros y terceros países, hacia un marco en el que esos acuerdos sean negociados por el Ejecutivo comunitario.
La CE propuso en julio de 2010 clarificar el estatus de más de 1.000 acuerdos bilaterales de inversión concluidos entre países miembros y terceros, con el objetivo de garantizar certidumbre legal tanto para inversores europeos como para extranjeros.
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