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SAN JOSÉ, Costa Rica, abr. 10, 2012.- La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró este martes inconstitucional una polémica reforma fiscal impulsada por la presidenta del país, Laura Chinchilla, que incluía, entre otras, la creación de un impuesto al valor agregado así como gravar la salud y educación privadas.
La Sala Constitucional del Supremo resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del proyecto, aprobado en primera de dos discusiones parlamentarias, porque hallaron vicios de forma y también en su tramitación legislativa, indicó un comunicado oficial del máximo organismo judicial.
De esta manera, el proyecto estrella de la presidenta Chinchilla, que ocupó la atención casi total del Ejecutivo en el último año, queda enterrado, pues las decisiones de la Sala Constitucional son inapelables.
En su comunicado, la Sala Constitucional argumentó que al estudiar el texto de la reforma fiscal encontró que "se produjeron vicios esenciales del procedimiento" legislativo para su aprobación, y, además, no se publicaron un gran número de mociones que modificaban profundamente el texto.
La presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, explicó a medios locales que ante estos vicios, los magistrados ni siquiera analizaron el proyecto por el fondo, pues no puede ser aprobado con los errores de forma.
El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, dijo a la emisora Radio Reloj que el Gobierno tiene un "absoluto respeto a la resolución de la Sala", y que ahora esperará para conocer el texto completo del fallo para valorar pasos a seguir.
Chacón resaltó que el problema del déficit fiscal costarricense, que este año rondará el 5 % del producto interno bruto (PIB), "sigue ahí", y valoró que "el país no sabe hacerle frente con respuestas expeditas".
Por su parte, diputados opuestos a la reforma celebraron la resolución de los magistrados y afirmaron que demuestra que sus argumentos contra el proyecto de reforma fiscal eran los correctos.
El proyecto legislativo superó el primero de dos debates parlamentarios en el Congreso, gracias a una alianza del Gobierno y el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC).
La reforma fiscal tenía por objetivo aumentar los ingresos del Gobierno en cerca de 1,5 % del PIB, a través de la creación de un impuesto al valor agregado de 14 %, y la creación de nuevos tributos a la salud y educación privadas, a las empresas de zonas francas y al cobro de renta mundial y global, entre otros.
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