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GUATEMALA, Guatemala, mar. 19, 2012.- La Fiscalía de Guatemala solicitó hoy 7.710 años de prisión para cinco ex paramilitares implicados en una masacre de 256 indígenas en 1982 en el departamento norteño de Baja Verapaz.
Durante el juicio, que se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside Jazmín Barrios, el Ministerio Público (MP) pidió 30 años por cada asesinato que hacen un total de 7.680 más otros 30 por el delito de lesa humanidad.
Los procesados son los ex patrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, Santos Rosales y el ex comisionado militar Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado.
La matanza, conocida como Plan de Sánchez, fue perpetrada el 18 de julio de 1982 en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz.
El alto tribunal entró hoy a la fase final del juicio, que se inició el pasado miércoles, luego de escuchar a 20 testigos y 5 peritos y analizar la declaración de al menos 47 supervivientes de la matanza y 158 medios documentales y peritajes.
Durante los debates, el fiscal del caso, Orlando López, manifestó que los cinco acusados ayudaron, guiaron y dieron información al ejército sobre la ubicación de la aldea y también participaron en la masacre.
La población de Plan de Sánchez asesinada fue señalada de ser una colaboradora de la guerrilla, pero eran civiles no combatientes, según las investigaciones.
Un comando militar integrado por soldados, comisionados y patrulleros civiles lanzaron dos granadas de mortero contra la población civil de la etnia Achí cuando se encontraban en el mercado de la comunidad.
En abril de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la matanza de Plan de Sánchez y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables.
La sentencia por esta masacre podría darse en los próximos días, una vez el tribunal termine de escuchar a los querellantes representados por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) y los representantes de los imputados.
La masacre de Plan de Sánchez es la segunda que llega a juicio en Guatemala. El pasado 2 de agosto otro tribunal de Alto Riesgo condenó a cuatro ex militares guatemaltecos a 6.030 años de prisión cada uno por la matanza de los 201 campesinos el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad Dos Erres, en el municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén, y otros 30 años por delitos de lesa humanidad.
Se trata de los exkaibiles (un cuerpo elite del ejército entrenado en contrainsurgencia) Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, quienes fueron hallados culpables de haber participado en la masacre.
Mientras que hace ocho días, el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por Irma Valdéz, impuso la misma pena al exkaibil Pedro Pimentel, extraditado de Estados Unidos en julio de 2011, al hallarlo culpable de haber participado en esta matanza.
De acuerdo con la legislación penal guatemalteca, la pena máxima efectiva es de 50 años, inconmutables si se agrega el delito de lesa humanidad.
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