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FUKUSHIMA, Japón, mar. 10, 2012.- Poco después de que se fusionaron tres reactores nucleares en una planta al noroeste de Japón, el gobierno prometió cortar la cómoda relación entre la industria nuclear y sus reguladores.
Un año después, todavía tiene que nombrar a un comité de miembros para que escudriñen la "puerta giratoria" de funcionarios que consiguen empleos en las mismas industrias que vigilan.
Hay poco que sugiera que el peor desastre nuclear desde Chernobyl haya cambiado sustancialmente la regulación nuclear en el país o impulsado a las autoridades a mejorar la seguridad en sus 54 reactores.
Los reguladores todavía forman parte del Ministerio de Comercio, el cual promueve la energía nuclear, en lugar del Ministerio del Medioambiente, como el gobierno propuso hace meses. Sólo dos plantas han construido diques de mar desde la fusión de los reactores nucleares en Fukushima Dai-ichi, incluida ésta misma.
Sólo una planta ha instalado el tipo de ventilaciones que podrían evitar las explosiones de hidrógeno que agravaron la crisis nuclear. Las autoridades están revisando la caótica evacuación de la zona radiactiva para mejorar la respuesta al desastre, pero se han dado pocos pasos concretos.
Una cosa que Japón ha hecho con sus reactores nucleares es mantenerlos apagados después de que se programaran inspecciones regulares. El nuevo régimen de seguridad que deben aprobar los reactores antes de ser encendidos nuevamente es una de las pocas medidas que han introducido los reguladores.
Hasta ahora, ninguno ha recibido la autorización para ser encendido, dejando sólo dos de 54 reactores funcionando y está programado que los últimos dos sean apagados a finales de abril.
No está claro cuándo se volverán a encender los reactores, pero incluso mientras están apagados son todavía vulnerables a un tsunami porque las barras de combustible deben mantenerse frías.
Las verificaciones de seguridad utilizan simulaciones en computadora para ver si las plantas pueden soportar o al menos evitar una crisis importante en caso de que golpease un tsunami o un sismo. Pero hay quienes dicen que las pruebas deben ser más rigurosas.
"Este es nuestro destino como nación con tantas plantas nucleares. Todo lo que hacemos es rezar para que no llegue un tsunami", dijo Hideyuki Ban, quien encabeza el Centro de Información Nuclear de los Ciudadanos, un grupo de investigación antinuclear, y quien además forma parte de un panel del gobierno sobre política de energía atómica.
Los reguladores japoneses han respondido más lentamente que sus colegas estadounidenses en el accidente de la Isla de las Tres Millas en 1979.
Los cambios hechos por la Comisión Nuclear Reguladora de Estados Unidos (NRC, por sus siglas en inglés) incluyeron planes para responder a emergencias, capacitación laboral y protección ante la radiación.
Algunos dicen que la acción no era suficiente, pero la NRC implantó la mayoría de estas medidas en menos de un año. A diferencia de los reguladores japoneses, la NRC nunca fue parte de una oficina gubernamental encargada de fomentar el desarrollo de la energía nuclear, en este caso, el Departamento de Energía Nuclear.
El desastre del 11 de marzo de 2011 en la planta nuclear de Fukushima Dai-ichi provocó llamados generalizados a Japón para hacer más independiente su agencia de seguridad nuclear desvinculándola del Ministerio de Comercio.
Un año después, todavía no se ha aprobado la ley que contemple ese cambio y es incierto cuándo se hará. El gobierno también tiene que evaluar el tema de los funcionarios que van y vienen entre el gobierno y las empresas del sector.
La práctica de repartir los empleos a los burócratas jubilados en muchos sectores en tan común en Japón que se les llama "amakudari" o "caídos del cielo".
En una revisión, The Associated Press encontró el año pasado que de 95 personas en tres importantes organismos reguladores de la energía nuclear, 26 estuvieron afiliadas con la industria o grupos que promueven la energía nuclear, casi siempre con financiamiento gubernamental.
El gobierno ha encontrado que 68 ex funcionarios del Ministerio de Comercio encontraron empleo en empresas de servicios públicos en los últimos 50 años.
Uno de ellos es Susumu Nakamura, un ex alto funcionario de la gubernamental Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial. En 2008 fue contratado por Shikoku Electric Power Co., y ascendido a miembro de la junta un año después, cargo que aún mantiene.
"Nuestra empresa seguirá contratando agresivamente a personas con talento, entre ellos a ex funcionarios que ofrecen carácter apropiado, liderazgo y aptitudes", indicó la compañía en defensa de la designación de Nakamura.
Makoto Kakebayashi, jefe de la oficina de Kyushu Electric Power Co. en la ciudad de Fukuoka, trabajó como responsable de crear las políticas del Ministerio de Comercio.
Masashi Nakano, profesor en la Universidad de Hyogo y especialista en amakudari, dijo que la relación entre gobierno y sector privado es tan estrecha, que se necesitaría una dura legislación y masivos despidos para arreglarlo apropiadamente. "Se necesitaría un hacha gigante, de otra forma, los amakudari se quedarán aquí", añadió.
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