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GINEBRA, Suiza, mar. 2, 2012.- Tanto las fuerzas del coronel Muamar el Gadafi como los insurrectos libios cometieron crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante los combates, según el informe de la comisión de investigación que la ONU designó para indagar las atrocidades cometidas durante ese conflicto.
"La fuerzas de Gadafi ejecutaron y torturaron hasta la muerte a miles de prisioneros. Durante el conflicto armado esto constituye un crimen de guerra. Pero como la mayoría de los detenidos formaban parte de la población civil, estas sistemáticas ejecuciones constituyen crímenes contra la humanidad", reza el informe.
Los insurrectos, conocidos como thuwar "ejecutaron y torturaron hasta la muerte a leales a Gadafi y a supuestos mercenarios que no eran miembros del Ejército. Durante el conflicto armado, esto constituye un crimen de guerra".
Estas conclusiones, conocidas hoy, están recogidas en el segundo informe que la comisión ha redactado y serán presentadas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su decimonovena sesión, el próximo 9 de marzo.
La comisión -integrada por el egipcio Cherif Bassiouni, la abogada jordano-palestina Asma Khader y el canadiense Philippe Kirsch, exjuez de la Corte Penal Internacional y presidente del grupo- entregó un primer informe el 15 de junio del 2011, pero dada la constante comisión de abusos, se determinó prorrogar la misión.
La comisión debía seguir indagando las atrocidades cometidas por los dos bandos, y una vez conocida la muerte de Gadafi, se le solicitó que también determinara las circunstancias de su deceso y del de su hijo Mutassim, algo que no ha podido lograr.
Gadafi fue apresado con vida en octubre y había muchos indicios, por los vídeos tomados con los teléfonos móviles de sus captores, de que fue maltratado y, probablemente, ejecutado de manera sumaria.
Con respecto al mandatario libio, la comisión no tuvo acceso a la autopsia ni pudo entrevistarse con testigos directos de la muerte, por lo que "es incapaz de confirmar que la muerte de Muammar al Gadafi fue un asesinato ilegal".
A esa misma conclusión llegó la comisión en el caso de Mutassim.
Esta ambigüedad se encuentra también en el análisis de la actuación de las fuerzas de la OTAN que ayudaron a derrocar al régimen.
El texto incluye que las fuerzas de la OTAN también fueron responsables de muertes de civiles, pero "no lo hicieron de forma deliberada", y en los casos en que ocurrió "no se puede determinar si, al atacar, la organización tuvo en cuenta el objetivo de evitar muertes de civiles y si tomó todas las precauciones a este propósito".
Las investigaciones determinaron que las fuerzas leales al dictador usaron la "tortura sexual como forma de extraer información y humillar a los detenidos", y que tuvo un "papel significativo" en la extensión del terror.
Con respecto al uso de mercenarios, la comisión estableció que un grupo de sudaneses fueron contratados por el régimen de Gadafi para luchar contra los insurrectos, pero no se pudo determinar si ganaban más que los miembros del Ejército regular, "algo esencial para poder definirlos legalmente como mercenarios".
La comisión sí que encontró "evidencias" de que el régimen "reclutó y usó menores de edad en sus fuerzas regulares", e "indicios" de que la oposición también habría contado con niños en sus filas.
La comisión también tenía el mandato de identificar a los responsables de las atrocidades para poder exigir medidas de asunción de responsabilidades.
El grupo de expertos ha podido establecer una lista de personas ligadas a violaciones de los derechos humanos y la entregará en breve a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
No obstante, la comisión considera "imperativo" que se establezcan localmente mecanismos para lograr la asunción de responsabilidades de los autores de estos crímenes.
"El sistema judicial no funciona efectivamente y sufre de haber sido usada como una herramienta de represión. La mayoría de los detenidos todavía son retenidos fuera del marco legal, a pesar de los esfuerzos para centralizar las detenciones", se lamentan.
Es por todo ello que la comisión reclama a las nuevas autoridades libias que se investiguen de forma independiente todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas las cometidas por las fuerzas opositoras, y que juzguen a sus responsables, en aras a "romper" con el legado de Gadafi.
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