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LIMA, Perú, feb. 07, 2012.- El ex presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, que gobernó entre 1975 y 1980 en la llamada segunda fase militar, previa a la vuelta a la democracia, enfrenta un nuevo pedido de captura internacional.
Esta vez, el juez argentino Norberto Oyarbide remitió a la cancillería de su país una solicitud de detención provisional y preventiva, con fines de extradición, del ex gobernante peruano.
La acusación: el secuestro de trece opositores deportados a la Argentina, en el marco del denominado "Plan Cóndor".
Una acusación similar fue planteada hace cuatro años por la justicia italiana, pero no prosperó.
En la relación de personas que fueron deportadas en esa época, figuran el actual congresista Javier Diez Canseco y el periodista Alfonso Baella Tuesta, así como personajes identificados con la izquierda.
La investigación surge, precisamente, por la denuncia del dirigente peruano Ricardo Napurí, quien dijo que la deportación que sufrió no fue normal y ratificó haber recibido una golpiza.
El ex gobernante, de 90 años de edad, no se quedó callado y afirmó este viernes que las supuestas golpizas son historietas que tratan de involucrar a su ex régimen en el denominado "Plan Cóndor".
A manera de aclaración, señaló que su gobierno no formó parte de esa operación continental porque la situación de Perú, que alistaba una transición democrática, no era la misma que la de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay e incluso Brasil, países a los que sí identificó como participantes del "Plan Cóndor".
"Eran dictaduras militares que se aferraban al poder. Aquí resulta que el poder militar se trazó el propósito de ir a una transición democrática", añadió.
Documentos desclasificados del periodista investigador estadounidense John Dinges, demuestran, sin embargo, que en marzo de 1978 el Perú acordó participar en la "Operación Cóndor". Se acreditó, entonces, a diplomáticos de los países vecinos para coordinar información sobre opositores en tierras peruanas.
Pero ¿qué era el "Plan Cóndor"?
Fue una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de estado. Los regímenes militares dictatoriales de la época instauraron a través de ese plan el asesinato y desaparición de miles de personas, la mayoría de ellas pertenecientes a movimientos de izquierda.
En el mencionado plan que estableció el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios, desapariciones y muertes de personas consideradas como subversivas o conspiradoras contra los gobiernos militares, participó la CIA durante las décadas de 1970 a 1980.
Cuarenta años después, la justicia internacional sigue buscando a sus principales responsables, aunque la mayoría de éstos ya han muerto.
En lo que respecta al ex presidente peruano, que pasó ya la barrera de los 90 años, los tribunales nacionales se encargarán de evaluar el pedido de extradición. La Corte Suprema de Justicia elevará lo actuado ante el Gobierno, instancia que decidirá finalmente si extradita o no al ex gobernante.
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