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GUATEMALA, Guatemala, ene. 26, 2012.- El ex general golpista guatemalteco, José Efraín Ríos Montt, se negó a declarar ante el tribunal que ventila un proceso penal en su contra, al comparecer este jueves por primera vez ante la Justicia para responder por acusaciones de genocidio.
"Comprendo perfectamente. Prefiero guardar silencio", dijo el militar retirado, de 85 años, cuanto la jueza Carol Patricia Flores le preguntó si quería pronunciarse sobre los delitos que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos, perpetrados por el Ejército durante los 17 meses que él estuvo al frente del Gobierno entre 1982 y 1983.
El fiscal Manuel Vásquez detalló en la audiencia al menos 72 hechos delictivos que perpetraron los militares durante el régimen de Ríos Montt y en los que fueron asesinados 267 indígenas de la etnia Ixil, en el departamento noroccidental de Quiché.
"La Fiscalía considera que (usted) tiene participación en cada uno de los hechos imputados por su calidad de Jefe de Estado y comandante general del Ejército", dijo el fiscal.
Según Vásquez, el militar "forzó e indujo al ejército a ejecutar estos actos", que calificó de "inhumanos contra la población civil no combatiente".
"Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", aseguró el fiscal, que como prueba entregó dos discos con videos, 4 mil 261 folios y 84 testimonios de supervivientes de las masacres perpetradas en esa época.
Vásquez dijo que tienen evidencias de al menos 267 asesinatos en 72 hechos que incluye once masacres, pero que "se presume que (las víctimas) fueron mil 171".
La población indígena asentada en la época de Ríos Montt en el denominado "triángulo Ixil", que incluía las comunidades de Chajul, Nebaj y Cotzal, en el departamento de Quiché, fue "arrasada parcialmente", sostuvo Vásquez.
Añadió que la política del régimen de Ríos Montt en los planes contrainsurgentes "Victoria 82", "Firmeza 83" y "Sofía", también obligó a 29 mil indígenas de al menos 54 comunidades a vivir en condiciones infrahumanas al ser desplazadas de sus pueblos.
El fiscal dijo que los Ixiles fueron declarados "enemigos internos" por el gobierno del militar retirado y por lo tanto, según el manual de guerra, "había que eliminarlos".
Vásquez manifestó que en las investigaciones se determinó también que los planes militares incluyeron torturas y por ellos al menos mil 485 mujeres, la mayoría menores de edad, fueron violadas por los soldados.
La hija del anciano general, Zury Ríos, dijo que esperan que el Ministerio Público demuestre con pruebas las acusaciones contra su padre, que el 14 de enero dejó de gozar de inmunidad al acabar su periodo como diputado del Congreso, puesto al que había sido elegido en 2007.
"Él vino aquí voluntariamente para rendir cuentas y será el Ministerio Público el que tiene que demostrar sus argumentos. Yo vine aquí a acompañar al general, a mi padre, a mi amigo", apuntó.
En la audiencia judicial, la jueza deberá decidir si liga al proceso penal a Ríos Montt, lo exime de culpa u ordena su detención preventiva, como pedirán la Fiscalía y los querellantes del caso.
La denuncia de genocidio contra el exjefe de Estado fue presentada en 2007 por la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR), integrada por cientos de familiares y víctimas de la violencia política que padeció Guatemala en los 36 años de guerra interna (1960-1996), que dejaron unas 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
En declaraciones a medios locales antes de la audiencia, el exmilitar se declaró inocente de los cargos, aseguró que "nunca" asesinó ni ordenó asesinar a nadie, y se mostró confiando en que saldrá bien librado del proceso.
En diciembre de 1999, a petición de la premio Nobel de la Paz de 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, la Justicia de España tramitó una demanda penal contra Ríos Montt y otros antiguos altos cargos guatemaltecos, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Aún cuando a finales de 2008 la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, declaró "improcedente" la persecución penal española a estos guatemaltecos, se mantienen vigentes las órdenes internacionales de captura emitidas por la Audiencia Nacional española contra ellos.
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