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QUITO, Ecuador, ene. 17, 2012.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, logró este martes allanar el último obstáculo en la Legislatura para que entren en vigor restricciones a la cobertura electoral de la prensa, en medio de una pugna con los principales medios de comunicación independientes del país.
La oposición intentó abordar el asunto en la Asamblea Nacional, pero solo reunió 50 votos, 13 menos de los necesarios, con lo que las normas se aplicarán de forma automática desde el próximo 4 de febrero, indicó a Efe una fuente de ese órgano.
"Ya no hay capacidad de maniobra", reconoció el asambleísta Andrés Paéz, del opositor partido Izquierda Democrática.
La propuesta establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".
La oposición se queja de que se trata de una formulación vaga que abre la posibilidad de demandas contra medios de prensa por notas informativas durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2013.
"Impide la información. Viola los derechos esenciales de los votantes", dijo Páez.
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que el proyecto supone una "mordaza informativa" y "un ataque directo a la libertad de prensa".
En cambio, Correa, que mantiene que la SIP sólo defiende los intereses de los dueños de la prensa, ha indicado que la norma evitará que los medios de comunicación se metan a hacer política y los ha acusado de mentir al afirmar que su intención es acallar las voces independientes.
"Los medios de comunicación tienen que informar, no pueden hacer campaña política. No sean sinvergüenzas, faltos de ética, si quieren ser políticos ganen las elecciones, pero no porque tienen plata para poner una imprenta pretendan ser actores políticos", ha dicho.
La propuesta también relaja la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de "temas de importancia nacional, como campañas de salud, seguridad "u otras de naturaleza similar".
A juicio de María Paula Romo, asambleísta de "Ruptura de los 25", un grupo político que estuvo alineado hasta el año pasado con el oficialista Movimiento Alianza País, esa cláusula otorga "gran permisividad" a la publicidad estatal.
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