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MADRID, España, ene. 17, 2012.- El juez español Baltasar Garzón afirmó este martes que la grabación que ordenó de las conversaciones mantenidas en prisión entre varios imputados de un caso de corrupción y sus abogados no vulneró los derechos de los letrados y que lo hizo para evitar que continuaran su actividad delictiva.
Garzón respondía así en el juicio que comenzó hoy contra él en el Tribunal Supremo español acusado de prevaricación y de violar las garantías constitucionales por haber ordenado dichas grabaciones.
El magistrado insistió en que "en ningún momento" ordenó intervenir a los letrados, sino a los reclusos, porque existían indicios de que la actividad delictiva de la trama corrupta continuaba con los cabecillas de la red en la cárcel.
Dijo que adoptó la medida para evitar que se siguieran cometiendo delitos como el de blanqueo de capitales, que se estaba investigando, y para localizar y recuperar los fondos desviados por la trama, pero siempre con el apoyo de la Fiscalía.
"Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización", subrayó, además, el juez.
Garzón, que está suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, declaró desde el banquillo de los acusados después de que el presidente de la sala, Joaquín Giménez, le señalara que debía "despojarse de la toga" y abandonar el estrado de los letrados en el que había permanecido esta mañana.
El juez, que respondía a las preguntas de uno de sus acusadores -abogado defensor de uno de los presuntos miembros de la trama corrupta- le espetó que cuando se ordenó el ingreso en prisión del cabecilla, Francisco Correa, había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido enviados a cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.
Este primer juicio a Garzón -de los tres procesos judiciales que hay abiertos contra él- se inauguró hoy en medio de una gran expectación y con los aplausos de los partidarios del famoso magistrado, que denuncian una persecución política en su contra.
El juez Garzón, que se hizo conocido a nivel internacional en 1998, al dictar una orden de detención contra el ahora fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, será juzgado a partir del próximo día 24 en otro proceso, esta vez por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
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