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BOGOTÁ, Colombia, ene. 12, 2012.- La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras se comenzó este jueves a implementar en Colombia con la entrega a campesinos desplazados por el conflicto armado de 4 mil 225 hectáreas confiscadas a narcotraficantes en Córdoba, uno de los departamentos más convulsos y bastión paramilitar hasta la década pasada.
"Hoy iniciamos la gran revolución agraria en Colombia", afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la entrega de la finca Las Catas a 304 familias, al vaticinar que con esta iniciativa "empezará a cambiar la historia del campo colombiano".
Santos, igualmente, denunció que grupos guerrilleros y paramilitares robaron al Estado y campesinos más de 700 mil hectáreas, que serán recuperadas para devolverlas a campesinos desplazados por la violencia.
Las Catas es el primero de una serie de predios confiscados por el Estado a grupos armados que pasarán a manos de campesinos en el primer semestre de 2012 y que en total suman 128 mil hectáreas, según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
Santos decidió que la primera entrega de tierras, en virtud de la recién estrenada legislación, fuera en el departamento de Córdoba, donde tuvieron gran presencia las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas en 2006 tras la desmovilización de más de 31 mil paramilitares.
En concreto se eligió la finca Las Catas, ubicada en la localidad de Ayapel, propia para la cría de ganado y cultivo, con abundante agua y vegetación, que perteneció a los hermanos José Francisco, William y Gerardo Moncada, capos del narcotráfico muertos en disputas con rivales en los años noventa del siglo pasado.
El jefe del Estado adelantó que con esta iniciativa no solo se busca la restitución. "También tenemos que ayudarles a que esa tierra vuelva a ser productiva, genere ingresos y pueda dar a esas cientos de miles de familias campesinas una vida digna, y al país más riqueza y más desarrollo", aseveró.
El Gobierno espera que para este año se fallen al menos 2 mil 100 casos de restitución de tierras y la meta es que antes de que finalice el mandato de Santos, en 2014, sean tituladas y devueltas 3 millones 500 mil hectáreas, aunque inicialmente se había dicho que eran 2.000.000.
La voluntad de resarcir a las víctimas de Córdoba y simbólicamente elegir este departamento para poner en marcha la nueva ley respondería además a que éste sigue siendo uno de los más convulsos de Colombia a causa de la violencia y la presencia de grupos armados.
Córdoba es también la región donde se presentaron más casos de desplazamiento forzoso y donde han sido amenazados y asesinados varios líderes campesinos en los últimos años, a lo que se suma la presencia de dos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Defensoría del Pueblo, desde 2010 la violencia se ha incrementado en este departamento tras un descenso a partir de la desmovilización de las AUC en 2006, lo que explica un resurgimiento de grupos armados.
Estos son las nuevas bandas criminales o "bacrim", como Los Urabeños o Los Rastrojos, en ambos casos herederos de los paramilitares y dedicados al narcotráfico.
Precisamente la semana pasada Los Urabeños hicieron circular panfletos amenazantes en seis departamentos del norte del país, entre ellos Córdoba, que llevaron a la paralización de esas zonas y a un pánico generalizado entre la población.
Ese "paro armado", como lo bautizó la prensa colombiana, afectó durante dos días actividades económicas como el comercio y el transporte, lo que dejó a algunas áreas aisladas.
Pero Córdoba no es la única región donde aún los grupos armados ilegales siguen teniendo poder, ya que desde 2002 en Colombia al menos 53 activistas que luchaban por la restitución de tierras a los campesinos han sido asesinados.
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