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WASHINGTON, Estados Unidos, dic. 22, 2011.-Dirigentes de organizaciones de derechos civiles celebraron hoy el bloqueo temporal de algunas cláusulas de lo que calificaron como la "destructiva" ley antiinmigrante SB20 de Carolina del Sur.
"Como ha ocurrido con leyes similares en todo el país, la ley antiinmigrante de Carolina del Sur ha sido bloqueada porque viola la Constitución", dijo Víctor Viramontes, consejero nacional del Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación (Maldef).
"Nos complace que la gente de Carolina del Sur no quede sujeta a esta ley destructiva y polarizante", sostuvo Viramontes tras la decisión del juez federal Richard Gergel de bloquear partes de la ley SB20, que entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo.
El juez tomó la medida tras aceptar la petición presentada por el gobierno de Estados Unidos y una coalición de grupos defensores de los inmigrantes que argumentaron que corresponde al gobierno federal y no a los estados aplicar la ley migratoria.
Gergel frenó la aplicación de cláusulas de la ley que permiten a la policía verificar el estatus migratorio de una persona sospechosa de ser indocumentada y criminalizan el transportar o albergar a indocumentados, así como la carencia de documentos de identificación.
El abogado del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)), Andre Segura, advirtió que esas medidas podrían ocasionar violaciones a los derechos civiles.
"Ya hemos visto los devastadores efectos de una ley similar en Alabama, y nos complace que Carolina del Sur no siga el mismo camino destructivo", acotó Segura, quien presentó los argumentos del caso el pasado lunes en nombre de la coalición de grupos pro-inmigrantes.
La directora de la ACLU en Carolina del Sur, Victoria Middleton, afirmó que la decisión judicial significa que la ley no amenazará la seguridad de personas inocentes, como las víctimas de violencia doméstica y del tráfico de personas, así como los que buscan asilo.
"Esperamos que la decisión signifique que no se separe a las familias y que Carolina del Sur no se convierta en un estado policial", puntualizó Middleton.
La abogada del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur, Michelle Lapointe, manifestó que el bloqueo a partes de la ley "es otro golpe contundente al esfuerzo nacional de aprobar leyes fundamentalmente antiestadunidenses basadas en no más que la ignorancia y el odio".
La abogada del Centro Nacional de la Ley de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), Nora Preciado, sostuvo por su parte que los demandantes y las miles de personas que representan "no descansaremos hasta que se frene totalmente esa ley".
La consejera de la organización LatinoJustice, Diana Sen, indicó que los latinos que eran el blanco de la SB20 "pueden ahora continuar con sus vidas sin el temor de un arresto arbitrario y la detención simplemente porque lucen como hispanos".
"Las familias de Carolina del Sur tendrán algo que celebrar en esta temporada festiva, gracias a la decisión que mantendrá a las familias unidas y a las comunidades seguras", apuntó Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Appleseed de Carolina del Sur.
El director del American Immigration Council, Benjamin Johnson, consideró que "una vez más" un juez federal ha confirmado que los estados "no pueden aprobar sus propias leyes de inmigración ni interferir con el gobierno federal para aplicar la ley federal de inmigración".
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