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WASHINGTON, Estados Unidos, dic 2, 2011.- El Departamento de Justicia de EU envió hoy al Congreso más de mil páginas de correos electrónicos internos que detallan el proceso que llevó a sus funcionarios a dar declaraciones falsas sobre el caso "Rápido y Furioso".
La agencia federal, que no acostumbra a publicar sus comunicaciones internas, las entregó para facilitar la investigación del Congreso, que trata de encontrar responsables en la fallida operación que permitió, entre 2009 y 2010, el tráfico ilegal de unas 2mil armas a México.
Los correos electrónicos se centran en el debate entre funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) y otras agencias acerca de la respuesta que el Departamento de Justicia debía dar a la petición de explicaciones del senador republicano Charles Grassley, en febrero. Finalmente, la agencia respondió que la ATF nunca habría permitido el tránsito ilegal de armas intencionadamente, una declaración que varios funcionarios han reconocido más tarde que era incorrecta.
Aunque no revelan quién fue el responsable de esa declaración, los correos electrónicos muestran la indignación de los funcionarios ante las acusaciones de Grassley, que aseguró que la ATF había permitido la venta ilegal de cientos de armas, y que dos de ellas se habían usado en el tiroteo que mató al agente estadounidense Brian Terry.
"Esas (acusaciones) son las más obscenas posibles, y las más dañinas para la ATF a corto y largo plazo", escribió el subsecretario adjunto del fiscal general Jason Weinstein, en un correo electrónico fechado el 2 de febrero y publicado por la cadena CBS.
En otro, dirigido al director en funciones de la ATF, Ken Melson, Weinstein abogó por "una respuesta más rotunda" a las acusaciones que la que estaba considerando la agencia.
Algunos funcionarios del Departamento de Justicia mostraron entonces su preocupación sobre las consecuencias de responder dura y detalladamente a las acusaciones sobre el asesinato de Terry.
La consejera especial Faith Burton, por ejemplo, indicó que hacerlo por escrito entrañaría "riesgos significativos" y consideró más prudente "hablar sobre ello en persona si es necesario".
"Les preocupa que si nos embarcamos en una explicación detallada sobre este caso con el personal de Grass, seguirán exigiéndonos más y más información", explicó Weinstein en un correo al entonces fiscal general de Estados Unidos en Arizona, Dennis Burke.
"Pero yo creo que debemos ser firmes y rotundos y decir que todo esto son mentiras", añadió Weinstein.
Algunos de los errores reflejados en la declaración final enviada a Grassley aparecen en los correos escritos por Burke, que fue una pieza clave en la coordinación de la operación, y que hoy está sujeto a una investigación interna del Departamento de Justicia.
Por ejemplo, Burke dijo en un correo que las armas halladas en la escena del crimen contra Terry fueron compradas en una tienda de Phoenix (Arizona) antes de que empezara la operación "Rápido y Furioso".
La investigación demostró más tarde que el operativo ya estaba activo cuando esas armas se compraron.
En total, el Congreso estadounidense ha llevado a cabo 17 audiencias sobre el caso "Rápido y Furioso", una de ellas con el testimonio del fiscal general Eric Holder, que deberá volver a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes el próximo jueves.
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