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UTAH, Estados Unidos, nov. 22, 2011.- El gobierno federal de Estados Unidos interpuso este martes una demanda para impugnar la ley de inmigración de Utah por la presunta usurpación de facultades federales en el ámbito migratorio.
El Departamento de Justicia presentó la querella en la corte federal de distrito en la capital de Utah, Salt Lake City, por considerar también que la legislación podría provocar el hostigamiento y detención de estadounidenses y de visitantes autorizados.
"El gobierno federal tiene la autoridad definitiva para aplicar las leyes federales sobre la inmigración, y la Constitución no permite remiendos de políticas locales en la inmigración", explicaron los funcionarios del Departamento de Justicia en un comunicado. "Un estado que establece su propia política de inmigración interfiere con el empeño legal del gobierno federal".
La demanda fue presentada después de varios meses de negociaciones entre los abogados del Departamento de Justicia, el representante legal de Utah, Mark Shurtleff, y las autoridades elegidas del estado. Los funcionarios federales dijeron que tienen previsto continuar con las conversaciones pese a la medida judicial.
Las autoridades estatales confían todavía en que, pese a la acción federal, la legislación terminará siendo ratificada.
"La legislatura hizo un trabajo diligente en la elaboración de una ley que aprobase un estudio constitucional", dijo la vocera del gobernador Gary Herbert, Ally Isom. "Esperamos que los tribunales hagan lo correcto".
La ley de Utah, que Herbert promulgó en marzo, obliga a las personas a demostrar su ciudadanía cuando sean detenidas por delitos graves, que van desde ciertas infracciones por drogas hasta el homicidio. También le concede a la policía el criterio de revisar la ciudadanía de las personas involucradas en faltas viales y en otros ilícitos menores.
Para el 2 de diciembre está prevista una audiencia sobre la ley, que fue impugnada por segunda vez.
Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron una querella a principios de año, y un juez federal otorgó en mayo una orden de protección temporal contra la ley, llamada HB497.
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