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SANTIAGO DE CHILE, Chile, oct. 18, 2011.- El Gobierno chileno anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado con el fin de frenar la violencia callejera de grupos de encapuchados que este martes quemaron un autobús y encendieron barricadas en la primera de dos jornadas de movilizaciones por el conflicto estudiantil.
El anuncio, realizado en el palacio presidencial de La Moneda por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, tiene lugar en víspera de una multitudinaria movilización convocada por los universitarios chilenos, que reclaman una educación pública gratuita y de calidad.
A primera hora de este martes, jóvenes encapuchados levantaron barricadas y encendieron fogatas cerca de algunos colegios y universidades, e interrumpieron el tráfico en varios puntos de la capital.
Además, en las cercanías de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile un grupo de agitadores obligó al conductor y a los pasajeros a bajar de un autobús urbano que luego fue quemado.
A continuación, fuerzas de la policía antidisturbios entraron en el recinto universitario, donde los jóvenes se habían parapetado, y detuvieron a una decena de personas.
Los enfrentamientos entre manifestantes, que portaban cócteles molotov, y la policía, que empleó chorros de agua y gases lacrimógenos, se repitieron a lo largo del día en varios puntos de Santiago y dificultaron el tránsito de vehículos.
El ministro del Interior criticó con dureza la quema del autobús y anunció una querella criminal invocando la Ley de Seguridad del Estado.
"Esta acción judicial será presentada mañana", miércoles, especificó Hinzpeter al leer una declaración pública en la sede del Ejecutivo en la que calificó las acciones de "violencia asesina y criminal".
"Hemos visto demasiada violencia -dijo-, demasiada falta de respeto por los chilenos que simplemente quieren tener una vida normal, demasiada destrucción sin sentido, demasiada agresividad irracional, demasiado odio".
La Ley de Seguridad del Estado, que acarrea un agravamiento de las penas, tipifica entre otros delitos los cometidos contra el orden público mediante "desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública".
La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura pero también en circunstancias excepcionales por gobiernos democráticos, considera entre los delitos contra el orden público la "destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos".
Ésta es la segunda ocasión en que el gobierno de Sebastián Piñera emplea esta ley. En enero pasado recurrió a ella en el marco del conflicto desatado por la subida del precio del gas en la región austral de Punta Arenas.
El Ejecutivo chileno pretende frenar la violencia callejera en vísperas de la jornada de manifestaciones de este miércoles, día en el que están previstas dos marchas en Santiago que se prevén multitudinarias, así como protestas en otras ciudades del país.
El paro de dos días que se desarrolla este martes y miércoles ha sido convocado por los estudiantes, movilizados desde hace cinco meses, y está apoyado por la Central Unitaria de Trabajadores, la principal central sindical del país, y otras organizaciones sociales.
Además de lamentar los episodios violentos de esta jornada, el Gobierno aseguró que la convocatoria de los estudiantes fue un fracaso.
"Esta paralización de actividades ha sido un total y completo fracaso. Gracias a Dios el país se encuentra desarrollando sus actividades laborales en plena y total normalidad", declaró el portavoz del Ejecutivo, Andrés Chadwick.
En tanto, los dirigentes estudiantiles condenaron los actos violentos y aseguraron que no guardan relación alguna con su movimiento.
Este martes, representantes de los estudiantes, de los profesores y dirigentes sindicales entregaron en el palacio presidencial los resultados del plebiscito (no vinculante) sobre la gratuidad de la educación celebrado hace dos semanas.
En la consulta, en la que participaron 1,5 millones de personas, un 88,7 % se mostró a favor de una educación pública, gratuita y de calidad y de que los centros de enseñanza secundaria vuelvan a depender del Estado central, no de los ayuntamientos.
Tras algunos forcejeos y empujones con la policía que custodia el palacio, los dirigentes estudiantiles y sindicales pudieron acceder a La Moneda y se entrevistaron brevemente con el ministro Chadwick.
Esta primera jornada de movilizaciones concluirá con un "cacerolazo" convocado para las 20:00 hora local (23:00 GMT).
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