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WASHINGTON, Estados Unidos, ago. 30, 2011.- El director interino de ATF, Kenneth Melson, y el fiscal de Arizona, Dennis Burke, renunciaron este martes a sus cargos como parte de una reorganización de la agencia tras el fracaso de la operación "Rápido y Furioso", que en 2009 permitió el trasiego ilegal de unas dos mil armas a México.
Melson, director interino de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés) desde 2009, será reemplazado por el fiscal de Minesota, B. Todd Jones, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Sin muchas explicaciones, Burke, fiscal de Arizona desde 2009, presentó su renuncia en una carta al presidente Barack Obama, en la que argumenta que es el "momento adecuado" de hacerlo para que la fiscalía continúe avanzando "bajo nuevo liderazgo".
La oficina de Burke dio asesoría legal a ATF en la operación "Rápido y Furioso", que permitió el traslado ilegal de armas a México entre 2009 y 2010 y causó fricciones en la agenda bilateral.
A partir de mañana, Melson será asesor de alto rango en asuntos forenses de la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia, que no menciona en su comunicado la relación de este funcionario con "Rápido y Furioso" ni especifica por qué ha sido trasladado a un puesto de menor visibilidad.
El secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, aseguró que, con su vasta experiencia, Jones "será una influencia firme y segura que guíe a ATF" en la misión de combatir el crimen violento".
Consultado por Efe, el portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday, evitó comentar sobre los cambios en ATF.
"Como parte de nuestra política, no comentamos sobre las investigaciones en curso. Sin embargo, estamos siguiéndolas de cerca, tanto la que se realiza en el Capitolio como la que realiza el Ejecutivo", afirmó Alday.
A raíz de la debacle de la ATF, varios líderes del Congreso habían pedido la cabeza de Melson, especialmente tras conocerse que éste estuvo al tanto de la operación antes de lo que admitió en una audiencia en julio pasado.
El senador Charles Grassley y el legislador Darrel Issa, al frente de las investigaciones del Congreso, afirmaron en sendos comunicados que tanto el Departamento de Justicia como ATF aún deben explicaciones y la entrega de documentos sobre quién supo qué y cuándo.
Las renuncias y reorganización de ATF "son un paso en la dirección correcta" para frenar los daños que puedan causar la gente involucrada en esta "desastrosa estrategia", dijo Grassley.
Según Issa, la operación "involucró a cargos más altos en el Departamento de Justicia" y esa entidad debe explicar el papel que estos jugaron en la "infame" operación.
"Como titular de una agencia que causó la muerte de personas (Melson) tiene gran parte de responsabilidad. Sabemos que hay cargos políticos y de alto rango que estuvieron involucrados y seguiremos investigando", dijo a Efe otra fuente republicana que pidió el anonimato.
Para Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que también investiga el asunto, aunque Melson y Burke "reconocieron que se cometieron errores" y que la operación "careció de protecciones adecuadas para la seguridad pública", ATF necesita de sangre nueva para centrarse en su misión de regular las armas.
La operación encubierta fue pensada para localizar a las principales redes de contrabando de armas en el suroeste de Estados Unidos, con la idea de rastrearlas hasta los carteles de la droga en México.
Sólo que los agentes le perdieron la pista a más de 2 mil armas, de las cuales la mayoría no se ha recuperado. Cerca de 200 armas fueron halladas en varias escenas de crímenes en México, y otras dos fueron descubiertas donde fue asesinado el agente fronterizo Brian Terry.
La operación se puso en marcha como parte del combate de Estados Unidos al flujo de armas que nutren la narcoviolencia en México y que desde 2006 se ha cobrado la vida de cerca de 37 mil personas en ese país.
En el marco de la operación, las autoridades han presentado cargos contra 34 individuos -ninguno de ellos "peces gordos" del narcotráfico, como se pretendía- y han confiscado 375 armas.
Tras el escándalo, la ATF ahora exige a las armerías en los estados fronterizos de Estados Unidos que reporten cuando una persona realice compras múltiples de rifles semiautomáticos de calibre superior al 22 en un plazo de cinco días posterior a su venta.
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