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WASHINGTON, Estados Unidos, jul. 11, 2011.- Como parte de los esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas hacia México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que las armerías de cuatro estados del suroeste del país tendrán que avisar al gobierno federal cuando detecten compradores frecuentes de rifles de alto poder.
La nueva política se anuncia en momentos en que hay fuertes críticas a la fallida investigación federal denominada Operación Rápido y Furioso, cuyo fin era desmantelar redes de tráfico de armas a gran escala en la frontera de Arizona con México.
En esa investigación, varios agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego dijeron que sus superiores les ordenaron detener el seguimiento de algunos compradores de poca monta, quienes adquirieron un gran número de armas aparentemente destinadas a cárteles de narcotraficantes.
Veinte compradores de armas de bajo nivel han sido acusados en la operación. En diciembre, dos rifles de asalto, comprados en una tienda de armas en Glendale, Arizona, por uno de los ahora acusados compradores de poca monta, aparecieron en la escena de un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En un reciente testimonio ante el Congreso, el agente de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego John Dodson estimó que 1.800 armas de fuego de la operación Rápido y Furioso fueron dadas por desaparecidas, y que alrededor de dos terceras partes están probablemente en México.
Bajo la nueva norma, los vendedores de armas con licencia federal en Texas, California, Arizona y Nuevo México deben reportar compras de dos o más de ciertos tipos de rifles cuando las haga la misma persona dentro de un lapso de cinco días.
El requisito es aplicable a compras de rifles semiautomáticos que tengan cargadores desmontables y un calibre superior a .22.
La agencia involucrada estima que generará 18.000 reportes al año.
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