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WASHINGTON, Estados Unidos, jun. 22, 2011.- Líderes demócratas del Senado de Estados Unidos resucitaron este miércoles una propuesta de reforma migratoria integral que, a su juicio, mejorará la productividad económica y la seguridad nacional al legalizar a cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados.
En una rueda de prensa en el Capitolio, los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin y Patrick Leahy presentaron una medida similar a la derrotada en 2007 y pidieron el apoyo de la bancada republicana para que ésta sea aprobada en el Congreso.
La iniciativa hará que Estados Unidos sea una nación "más segura, más productiva y más justa", argumentó Durbin.
"Creo que conseguiremos un apoyo muy fuerte", declaró, por su parte, Menéndez, al insistir en que la propuesta, que también cuenta con el respaldo del líder demócrata del Senado, Harry Reid, es un "vehículo" que ayudará a catalizar el debate migratorio en el Congreso.
Por su parte, Leahy afirmó que buscará recabar el apoyo de los republicanos, aunque no precisó un cronograma para el debate y voto de la medida.
Los tres senadores enfatizaron la urgencia de sacar de la sombra a los inmigrantes clandestinos, tomando en cuenta la importancia de la mano de obra inmigrante en los sectores agrícola, de turismo, hostelería y otros servicios.
El proyecto de ley incluye medidas para el fortalecimiento de la seguridad fronteriza -como exigen los republicanos-, el cumplimiento de las leyes migratorias en los sitios de trabajo y una serie de requisitos para la eventual legalización de los indocumentados que entraron al país antes del 1 de junio de 2011.
Para lograr los beneficios, el proyecto plantea la exigencia de que los indocumentados se registren con el Gobierno, paguen impuestos y una multa, aprendan inglés, no tengan antecedentes penales y formen fila para obtener la residencia permanente.
La medida también incluye una vía para la legalización de trabajadores agrícolas y el llamado "Dream Act", que permitiría la legalización de estudiantes indocumentados que se inscriban en las Fuerzas Armadas o que completen al menos dos años de universidad en el país.
Además, aumenta los recursos para la Patrulla Fronteriza y obliga a todas las empresas a participar en el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados.
La medida prevé también la creación de una comisión para recomendar las cuotas para las visas vinculadas a la contratación de extranjeros, de manera que se protejan los empleos de los estadounidenses.
Otra iniciativa similar fracasó en 2007 pese a que los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso. Ahora los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, solo exigen mayores acciones policiales contra los indocumentados.
El Gobierno, a través de Luis Miranda, portavoz hispano de la Casa Blanca, elogió la propuesta demócrata y recordó que el presidente Barack Obama siempre se ha inclinado por una reforma migratoria integral.
La iniciativa recibió el respaldo de grupos proinmigrantes en todo el país, que pidieron el apoyo del Congreso y la Casa Blanca para su aprobación.
Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, indicó que la medida es "una bocanada de aire fresco en momentos en que los inmigrantes se sienten en la mira con leyes estatales que buscan hacerle la vida imposible a los indocumentados".
Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la coalición CHIRLA, en Los Ángeles, dijo que esta es otra oportunidad para que Obama "cumpla su promesa de reformar" las leyes de inmigración y para que el Senado dé marcha atrás a la "ola antiinmigrante en el Congreso".
Ante la ausencia de una reforma migratoria, los Gobiernos estatales han adoptado sus propias leyes para controlar los flujos migratorios dentro de sus fronteras.
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