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CARACAS, Venezuela, jun. 18, 2011.- Las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos que integran la alianza Foro por la Vida solicitaron al Gobierno de Hugo Chávez que retire a la Guardia Nacional de las dos cárceles cercanas a Caracas que están siendo intervenidas desde la madrugada del viernes.
"Mi solicitud es que salga la Guardia Nacional porque nadie puede solucionar un problema con más de tres mil guardias y 400 paracaidistas, lo que lógico es que se instale un comité de derechos humanos para impulsar la paz", dijo a periodistas el presidente de la Organización Venezolana de Prisiones, Humberto Prado.
El Gobierno comenzó ayer un operativo con unos cinco mil militares para retomar el control de las cárceles El Rodeo I y II, cercanas a Caracas, que ha dejado un saldo parcial de dos militares y un interno muertos, además de 22 soldados heridos, según El Aissami.
Las autoridades no han facilitado cifras sobre el número de heridos.
La operación de desarme de las penitenciarias fue ordenada después de que el pasado domingo 22 personas murieran y 14 resultaran heridas en esa prisión como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas.
Prado reclamó que ayer fuera agredido un grupo de mujeres parientes de los presos que estaban en las cercanías de las cárceles esperando información y aseguró que "hay familiares heridos en algunos hospitales de Guatire (ciudad vecina a Caracas donde se ubican los penales intervenidos)".
"En otras oportunidades hemos visto que se hacen intervenciones a las cárceles y, después de que se van las autoridades, todo sigue igual, no hay atención sanitaria, sigue la falta de asistencia y los presos siguen durmiendo en el piso", apuntó Prado.
Asimismo, el activista de la OVP recordó que en Venezuela están ubicadas las cárceles más violentas del hemisferio, con 49 mil internos hacinados en penales que tienen capacidad para 12 mil 500 y subrayó que 75 por ciento de los presos se encuentra en prisión "preventiva", mientras que sólo 25 por ciento "tiene sentencia firme".
Por su parte la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, pidió que las armas incautadas a los presos se entreguen a la policía científica para determinar su origen y se sancionen a los traficantes.
Las ONG Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que también forman parte del Foro por la Vida, acompañaron las declaraciones de Prado y Bolívar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves pasado al Gobierno de Venezuela que tome medidas "concretas" para garantizar la seguridad en las cárceles del país.
La CIDH expresó su "profunda preocupación" por los "altos índices" de violencia en los centros penitenciarios "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado", indicó en un comunicado.
Según la información de la que dispone la CIDH, durante 2010 murieron 476 reclusos y 967 fueron heridos, mientras que en el periodo 1999-2010 habrían sido cuatro mil 506 muertos y 12 mil 518 heridos.
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