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CARACAS, Venezuela, jun. 17, 2011.- El Gobierno de Venezuela retomó este viernes el control de las prisiones El Rodeo I y II, cercanas a Caracas, con más de 5 mil soldados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en medio de una crisis del sistema carcelario.
El operativo militar, que sigue en curso, deja un balance preliminar de un muerto y 19 heridos entre los militares, aunque el Gobierno sólo ha confirmado un lesionado entre los casi 5 mil reclusos que pueblan las dos cárceles.
La víctima mortal es el primer teniente de la GNB Luis José Rincón, de 27 años, precisó el vicepresidente Elías Jaua.
El viceministro del Interior, Néstor Reverol, explicó mediada la tarde que 3 mil 524 de los 4 mil 711 presos de ambas cárceles próximas a Caracas colmaron los patios durante el operativo militar de desarme, para así desmarcarse del millar restante que se atrincheró para resistir la operación.
El teniente fallecido y los otros 19 soldados heridos, incluidos siete oficiales, recibieron "disparos en los hombros, en los brazos, en las piernas o en los pies, afortunadamente no son lesiones graves", señaló a su vez Reverol.
La operación en la penitenciaria en El Rodeo I y en la vecina de El Rodeo II, comenzó al amanecer después de que el pasado domingo 22 personas murieran y 14 resultaran heridas en esa prisión como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas.
La acción ha sido "bastante costosa" para la GNB y "bastante dilatada en el tiempo, precisamente porque las instrucciones" del presidente del país, Hugo Chávez, "es no causar ningún tipo de baja" entre los reclusos, subrayó Jaua.
Fuera del centro penitenciario se han escuchado explosiones y los familiares aseguran que hay varios muertos, pero hasta el momento no hay precisión oficial.
Jaua llamó a los familiares de los presos, dispersados con gases lacrimógenos en la vía de acceso a la penitenciaría donde trataban de evitar el ingreso de los militares, a no entorpecer la operación porque, dijo, "no es para masacrarlos sino para preservarles la vida".
El vicepresidente remarcó que estos centros penales "han sido tomados por las mafias carcelarias" y que la fuerza pública actúa "en estricto apego a los derechos humanos".
Las masacres de presos son cosas de Gobiernos anteriores al de Chávez, cuando "una toma de estas hubiese significado un número considerable de muertos, pero no para las fuerzas del orden", remarcó.
Jaua también arremetió contra "algunos medios de prensa" y personajes de la oposición a Chávez, "actores políticos que de manera irresponsable han intentado hacer de esto una fiesta macabra", dijo tras tildarlos de "canallas" que practican una "política carroñera".
El presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, criticó en declaraciones a periodistas que la operación castrense esté a cargo de la GNB, a algunos de cuyos miembros responsabilizó del tráfico de armas, incluso de grueso calibre y granadas de mano, dentro de las prisiones venezolanas.
"La mejor decisión" gubernamental para ayudar a resolver la crisis penitenciaria del país pasa por "sacar a la GNB de los centros penales (...), porque las armas no caen del cielo cuando llueve, sino porque hay un mecanismo bien perverso de tráfico de armas" y en ello hay una "responsabilidad compartida" de esa rama de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, denunció.
El OVP informó hace unas semanas de que 124 personas murieron en las prisiones venezolanas en el primer trimestre del año, un 22 por ciento más que las 102 del mismo periodo del año pasado.
En 2010, 476 internos murieron y 958 resultaron heridos en las cárceles venezolanas, que tienen una población reclusa oficial de 44 mil 520 presos y una capacidad para poco más de 14 mil 500 en sus 34 centros.
La instancia de Prado reveló recientemente que hasta el 30 de abril pasado la población de presos era de 46 mil 888 personas, pero que tenían capacidad para albergar únicamente a 12 mil 500.
El Gobierno de Chávez anunció el martes pasado la creación de un ministerio que denominó de Atención Integral Penitenciaria para intentar resolver el problema penitenciario nacional.
El ministro del Interior, Tareck El Aissami, aseguró ese día que la nueva cartera ministerial no significará más burocracia.
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