Revelan fracaso del Operativo 'Rápido y Furioso'

Por Gregorio Meraz | Fuente: Noticieros Televisa | 2011-06-15

Un documento que será presentado en el Congreso de EU concluye que dicha operación fracasó y contribuyó en gran medida a aumentar las masacres en México

WASHINGTON. Estados Unidos, jun 15, 2011.- Contra su política tradicional de no permitir que armas peligrosas lleguen a manos criminales, el Buró de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego de EU (ATF),  apoyado en una vieja orden de 1989, la ATF 3310.4(b), cambio de táctica.

Y adoptó una riesgosa nueva estrategia, que tenía como propósito combatir el tráfico de armas en la frontera suroeste. Bajo ella, la oficina de ATF en Phoenix, Arizona, "permitiría" que armas compradas ilegalmente, cruzaran la frontera a México, "para decomisar a los jefes de principales cárteles de droga" en México.

Así lo establece un reporte que contiene los testimonios de los 4 agentes de ATF y otros agentes federales que participaron en el fallido operativo; documento que será presentado en la Segunda Audiencia Congresional del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que dirige el congresista Darrell Issal, este miércoles.

El documento señala que la estrategia "era conocida y autorizada por los más altos niveles del Departamento de Justicia".

Supuestamente, altos funcionarios de esa dependencia "monitoreaban y supervisaban" las actividades de ATF, que recibió aprobación y financiamiento de la Fuerza de Tareas Conjuntas del Crimen Organizado OCDTF, que aportó los primeros recursos el día 26 de enero de 2010.

La estrategia que después fue bautizada como "Rápido y Furioso" establecía la creación del Grupo VII, integrado por ATF DEA, FBI, ICE y IRS y tenía como meta el establecimiento de nexos entre los compradores y contrabandistas hormiga de armas y la captura de organizaciones del narcotráfico mexicanas.

La operación, en la que finalmente los agentes de ATF perdieron el monitoreo, obedecía al intento de frenar la expansión de la violencia a lo largo de la frontera y bajo él, se comenzaron a comprar grandes cantidades de rifles de asalto, ametralladoras, armamento de tipo militar, como AK-47s., AR-15, M-17 y otras.

De acuerdo a un párrafo de la orden de ATF  "la estrategia es permitir la transferencia de armas de fuego y actuar más lentamente, para investigar y permitir la identificación de conspiradores que continúan contrabandeando armas a organizaciones de narcotráfico mexicanas, responsables de la creciente violencia en México."

Agrega:

"Debe observarse que la venta y contrabando de armas continuará y no se detendría, porque eso sería en detrimento de la investigación y sus metas".

El reporte describe las tácticas de investigación y monitoreo, intercepción y persecución, alternativas y métodos de intervención.

Algunas veces dice el reporte, ATF mantenía vigilancia para rastrear las armas, con apoyo de los departamentos de policía locales, vigilancia que incluía identificación y seguimiento de los vehículos de los traficantes, que con frecuencia transferían las armas difíciles.

Aunque muchos agentes desplazados a lo largo de la frontera se opusieron, la ATF y el Departamento de Justicia continuaron la operación amenazando a los agentes. El Departamento de Justicia cooperaba brindando órdenes de cateo, así como resúmenes de la información que se obtenía diariamente bajo el operativo, en el que como resultado de las cadenas de compradores y vendedores, las armas pronto desaparecieron de su control y fueron a parar a manos criminales.

"Desafortunadamente" dice el reporte elaborado con ayuda del senador republicano Chuck Grassley "ATF nunca logró la satisfactoria meta de desmantelar cártel alguno; de hecho, nunca lograron atestar ningún golpe.

Después de 20 meses de la operación, sólo se logró construir 20 casos, mientras las armas comenzaron a aparecer en escenas de crimen, entre ellas, la del ex agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, cuyas madre y viudas comparecen en la audiencia de este miércoles y el agente de ICE, Jaime Zapata, en San Luis Potosí. Otras aparecieron en Ciudad Juárez, como parte de un arsenal decomisado a pandilleros.

El reporte describe situaciones en las que ATF facilitó o aprobó transacciones de traficantes de armas conocidos, situaciones perturbadoras, sobre todo conociendo los resultados del trafico de armas a México.

En el documento están incluidos los testimonios de John Dodson, agente especial de ATF en Phoenix Arizona, el primer agente que denunció el operativo. Dodson es veterano de Vietnam, ex agente del Servicio de Alguaciles de Virginia durante 12 años, William Newell, agente especial de ATF en Phoenix, quien aspiraba a irse como agregado de ATF en la Embajada de Mexico, Emory Hurley, fiscal federal asistente en Arizona quien les daba asesoria, Pete Forceli, Olindo Casa, Larry Alt y otros, que estaban bajo supervisión de David Voth.

Entre los compradores se incluye a Jaime Ávila, con numerosos antecedentes como traficante de armas.

El reporte revela que el Departamento de Justicia y ATF dependieron de la vieja orden de ATF de 1989 para "dejar que las armas caminaran a México", que los agentes abandonaron el entrenamiento que les permitiría seguir las armas, que el Departamento de Justicia dependía de una estrecha y confusa definición del término de "dejar caminar armas".

Que las quejas y observaciones de los agentes que revelaron el operativo no fueron escuchadas lo que se tradujo en equipamiento de armas de alto poder para los cárteles y muertes de más y más inocentes en México.

Que los agentes de ATF, lejos de detener y confiscar las armas, fueron obligados a permanecer estáticos sólo observando el tráfico a México. Que la Operación "Rápido y Furioso" contribuyó en gran medida a aumentar las masacres en México.

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