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WASHINGTON, Estados Unidos, mayo 26, 2011.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó este jueves su respaldo a una ley de Arizona que sanciona a los negocios que contraten a inmigrantes indocumentados, pese a la oposición manifestada por el Gobierno de Barack Obama.
El máximo órgano judicial estadounidense apoyó la medida por 5 votos contra 3, en su primera decisión sobre el polémico paquete de leyes migratorias impulsado por Arizona.
Los jueces determinaron que la norma estatal, que entró en vigor en 2008, no viola las leyes federales sobre inmigración, como afirman los demandantes, ya que éstas conceden a los estados la potestad de imponer sanciones relacionadas con el asunto.
"Arizona ha tomado el rumbo menos proclive a causar tensiones con la ley federal", escribió el juez John Roberts en el argumento de la mayoría, que fue respaldado por los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.
Las jueces Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg y el juez Stephen Breyer se opusieron a la decisión.
"La medida exige a los negocios de Arizona que recurran al sistema del Gobierno federal para determinar el estatus legal de los empleados", indica el texto redactado por los jueces.
La Ley sobre Trabajadores Legales de Arizona -conocida informalmente en el estado como la "pena de muerte para los negocios"- permite a los abogados de cada condado llevar a juicio a los empresarios que contraten conscientemente a trabajadores indocumentados, una práctica que puede resultar en la revocación de su licencia.
Según los demandantes, entre ellos la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo México-americano de Defensa y Educación Legal (MALDEF), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y una coalición de negocios, ese proceso es inconstitucional, puesto que sólo el Gobierno federal tiene el derecho de aplicar leyes de inmigración.
El veredicto de hoy allana el terreno para la probable llegada al Tribunal Supremo de la ley más controvertida redactada por Arizona sobre la materia, la SB1070, que criminaliza la presencia de inmigrantes sin documentos en el estado.
A comienzos de mayo, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aseguró que llevará hasta la máxima corte sus argumentos a favor de la completa implementación de esa ley, de la que están suspendidos los artículos más polémicos.
La magistrada Susan Bolton dejó en suspenso las disposiciones claves de la SB1070, incluida la que facultaba a policías locales para verificar el estatus migratorio de las personas que detienen y sospechen se encuentran en forma indocumentada en el país.
Asimismo, está suspendida la provisión de la ley que especifica la obligación de todo extranjero en Arizona a traer consigo siempre su visa o autorización gubernamental para circular por territorio estadounidense.
El Departamento de Justicia pidió la suspensión de la SB1070 argumentando que es violatoria de la llamada Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual concede al gobierno federal la aplicación de la leyes migratorias.
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