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WASHINGTON, Estados Unidos, mayo 25, 2011.- Líderes del Senado estadounidense delinearon este miércoles en un informe los pasos para incrementar la lucha antinarcóticos en México, incluyendo agilizar la entrega de seis helicópteros adicionales a ese país.
Los miembros del grupo legislativo del Senado sobre el control internacional de drogas instaron al Congreso y a la Administración a que utilice el informe como un marco para una mayor cooperación con México para combatir el tráfico de drogas.
El informe de 71 páginas pidió que el Gobierno del presidente Barack Obama "haga más" para privar a los carteles de la droga de los fondos que nutren su negocio ilícito, y exija que "de inmediato" las tarjetas prepagadas y tarjetas de crédito sean sujetas a declaraciones aduaneras en los cruces fronterizos.
Se calcula que los narcotraficantes de México y Colombia mueven anualmente entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares, la mayor parte en la frontera sur de Estados Unidos Una gran suma del dinero ilícito es "lavado" y destinado a México a través de medios electrónicos.
También pidió que el Departamento de Estado agilice la entrega de helicópteros a México dentro de la Iniciativa Mérida, y establezca parámetros para evaluar su eficacia en áreas como la entrega de equipos, las reformas policial y judicial, y la capacidad de respuesta del Estado a la amenaza del narcotráfico.
Dentro del programa de seguridad regional, Estados Unidos ha entregado un total de once helicópteros -ocho Bell 412 para el Ejército y tres Blackhawk para la Policía Federal-, pero queda pendiente la entrega de otros seis helicópteros
El informe destaca la urgencia de que México ponga en marcha reformas judiciales, y puso como ejemplo que, según datos del Gobierno mexicano, sólo el 1,55 por ciento de los crímenes en ese país conduce a condenas.
A manera de comparación, en Estados Unidos las cortes federales registraron condenas en el 90,3 por ciento de los casos en 2008.
En ese sentido, el documento recomienda que Estados Unidos ofrezca capacitación judicial a través de la Iniciativa Mérida "a cada estado que así lo solicite".
Asimismo, el informe pide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregue al Congreso un análisis de las necesidades de infraestructura y personal en la frontera del suroeste de Estados Unidos, y de las medidas del Gobierno de México para las inspecciones en el lado mexicano de la frontera común.
Al divulgar el informe, los senadores Dianne Feinstein y Charles Grassley recomendaron que el Congreso refuerce una ley de 2007 que criminaliza la financiación, construcción y uso de túneles fronterizos, de manera que en el futuro también se criminalice la conspiración en relación a los túneles.
Por otra parte, el informe insta al FBI (Oficina Federal de Investigaciones) a que "desarrolle y patrocine" junto con su contraparte mexicana una Unidad Sensible de Investigación (SIU, en inglés) para casos de secuestro de ciudadanos estadounidenses.
Entre otros elementos, el informe también hace hincapié en la necesidad de que el Congreso continúe dando prioridad a los fondos para la prevención y tratamiento del consumo de drogas en Estados Unidos, en particular a los programas comunitarios dirigidos a los jóvenes.
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