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MIAMI, Estados Unidos, mayo 7, 2011.- Florida se salvó este año de tener una ley de Inmigración que criminalizaría a los indocumentados, luego de que los congresistas no lograran el viernes un acuerdo para someterla a votación en el último período de las sesiones legislativas.
Los controvertidos proyectos SB 2040 del Senado y el HB 7089 de la Cámara de Representantes se esfumaron a la medianoche del viernes, tras una maratoniana jornada que se centró en gran parte en el debate sobre el presupuesto estatal de 69.700 millones de dólares que continuará hoy, sábado.
"Es un alivio enorme que Florida no tenga afrontar este tipo de leyes que solo generan división en la población", dijo Natalia Jaramillo, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FlIC) a Efe desde Tallahassee, capital del estado.
Activistas proinmigrantes rechazaban la medida por considerar que "aumentaría el perfil racial" en un estado con gran población hispana y que afectaría de manera negativa a la alicaída economía.
Cientos de manifestantes acudieron a la sede de la Asamblea Legislativa estatal, en Tallahassee, dominada por los republicanos, con la esperanza de convencer a los congresistas de que desestimaran dos proyectos, uno de ellos aprobado por el Senado el pasado miércoles.
En Miami, varias organizaciones mantuvieron una vigilia frente a la oficina del líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Carlos López-Cantera, como medida de presión para que el legislador rehusara la posibilidad de un debate.
"Quedó comprobado que el poder de las movilizaciones y de oración pudo más que el de los intereses de los adinerados", expresó Jaramillo.
López-Cantera declaró a la cadena de televisión Univisión antes de finalizar las sesiones del viernes que "la cámara está firme, no va a aceptar una ley de Inmigración este año".
El gobernador de Florida, Rick Scott, por su parte, instó a los congresistas republicanos a prepararse para el próximo período legislativo a fin de aprobar una ley.
"Tenemos que prepararnos para la próxima sesión y dejar saber a todos los que nos eligieron que es importante para nosotros", dijo Scott.
Una de las razones por la que los proyectos estuvieron ausentes de la discusión fue la dificultad de obtener en tan poco tiempo las dos terceras partes de los votos necesarios para conciliar la versión del Senado, con el aprobado en dos comités de la Cámara de Representantes que no se discutió en el pleno de esta instancia.
El representante republicano William Snyder, quien presentó el HB 7098 y que activistas dicen es similar a la polémica ley SB 1070 de Arizona, reconoció que era "improbable" que se aprobara algún proyecto.
Ambos proyectos fueron rechazados por gremios empresariales de Florida que advirtieron impactarían negativamente a la débil economía del estado que depende en gran parte de los ingresos del turismo y de la agricultura, dos sectores que tienen una gran presencia de trabajadores inmigrantes.
Además de ahuyentar a los turistas, en su mayoría latinoamericanos, que aportan a la economía estatal más de 60 mil millones de dólares.
Florida tiene más de 9 millones de trabajadores y de éstos 600 mil son indocumentados, es decir 6,6 por ciento del total que está por encima del promedio nacional de 5,2 por ciento, según datos del Pew Hispanic Center.
Un informe de ese centro calculó en 825 mil la población de inmigrantes indocumentados de Florida en 2010, lo que significó un declive con respecto a 2007 cuando había 1.05 millones de indocumentados.
El proyecto aprobado por el Senado no exigía a las empresas que utilicen el programa federal de verificación del estatus migratorio de los trabajadores, E-Verify, y la responsabilidad de hacerlo con los nuevos empleados recaía en las agencias estatales de empleo.
Pero requería que la policía revisara el estatus migratorio de toda persona arrestada, incluso antes de ser juzgada por algún delito, al establecer que debe realizar un "esfuerzo razonable" para determinar el estatus de los detenidos y los indocumentados convictos de delitos no violentos serán deportados.
Mientras que el proyecto de Snyder convertía en delito estatal el estar indocumentado y autorizaba a la policía a indagar el estatus migratorio de cualquier persona que consideraran "razonablemente sospechosa" de no tener documentación en regla.
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