Anulan juicios por corrupción contra Zelaya

Corte hondureña anula dos procesos por presunta corrupción contra el ex presidente hondureño, Manuel Zelaya

TEGUCIGALPA, Honduras, mayo 2, 2011.- La anulación de los procesos por presunta corrupción del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, allana el camino para su eventual regreso a Honduras y de éste país a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Una Corte de Apelaciones anuló hoy de oficio los dos procesos contra Zelaya incoados por el Ministerio Público, que presentará un recurso de reposición ante el fallo, que se refiere a cuestiones "de forma y no de fondo", dijo el fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado.

Salgado reafirmó que la posición de la Fiscalía siempre ha sido "clara y contundente" en el sentido de que Zelaya tiene que ser enjuiciado y aclaró que todavía "no hay un sobreseimiento definitivo" a favor del ex presidente.

Según el fallo, se trata de "una nulidad procesal", basada en la "indefensión" de Zelaya desde "la etapa preparatoria", pues "se le imposibilitó al imputado acceder ante los organismos investigativos y jurisdiccionales a ejercer el derecho de defensa" porque "se encontraba fuera del país de manera involuntaria".

Estas violaciones no se pueden subsanar con el nombramiento posterior de defensores públicos, añadió.

Zelaya, que actualmente reside en la República Dominicana, fue derrocado y expulsado del país por los militares el 28 de junio de 2009, tras lo cual el Ministerio Público le inició los procesos.

La resolución establece que sólo se anularon los procesos de Zelaya y quedan "subsistentes las diligencias concernientes a las causas promovidas contra los co-imputados", que son varios exfuncionarios de su administración.

El Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, y sectores de la comunidad internacional han insistido en la anulación de los procesos para que Zelaya pueda volver a Honduras y, a la vez, la OEA readmita al país.

Sin embargo, el 25 de marzo pasado, cuando el juez natural Oscar Chinchilla anuló las dos órdenes de captura derivadas de los procesos en su contra, Zelaya aseguró que no regresaba a Honduras porque ha recibido "amenazas de muerte".

El Gobierno de Lobo recibió con complacencia el fallo porque es importante para que la Asamblea General de la OEA que se celebrará en junio próximo en El Salvador reincorpore a Honduras, declaró a la radio HRN de Tegucigalpa el canciller Mario Canahuati.

Es satisfactorio que "hayan anulado estos dos casos, que como todos saben son importantes para poder encaminarnos al retorno por consenso a la OEA en la próxima Asamblea", expresó.   

La posición del Gobierno, añadió, es "simplemente de respeto a una decisión emanada por un poder totalmente independiente" y que "coincide" con una petición en ese mismo sentido de Lobo, quien mañana regresa al país tras una visita al Vaticano por la beatificación de Juan Pablo II.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, quien acompañó a Lobo, aseguró desde Roma a Radio América de Tegucigalpa que el fallo no obedeció a presiones políticas locales ni de la comunidad internacional.

"En la CSJ en ningún momento se emiten fallos políticos, todo el tiempo obedecen a la aplicación de la ley", sostuvo Rivera, aunque reconoció que ha habido demandas de la comunidad internacional en favor de la anulación de los procesos de Zelaya.

Pero "estamos seguros de que (los miembros de la Corte de Apelaciones) hicieron caso omiso a este tipo de manifestaciones", aseveró.

La defensa del ex presidente está satisfecha por la anulación porque "este fue nuestro criterio desde un inicio", expresó a periodistas uno de sus abogados, Anaim Orellana.

Las denuncias contra Zelaya "carecían de sustento legal y, por tanto, debían ser anuladas", reafirmó Orellana.

La Fiscalía contra la Corrupción acusó a Zelaya y varios de sus ex funcionarios por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.

Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al contratar publicidad ilegalmente y desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el día en que fue derrocado con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.