Artículos relacionados »
LOS ANGELES, Estados Unidos, abr. 30, 2011.- Legisladores de California se suman a los esfuerzos emprendidos en otros estados de la Unión Americana para conseguir el control de un programa federal controversial que verifica automáticamente la condición migratoria de los detenidos.
California realiza más de un tercio de las deportaciones dentro del programa del Departamento de Vigilancia de Inmigración y Aduanas, y algunas autoridades locales afirman que el gobierno federal las engañó en cuanto al alcance de ese programa.
Los legisladores de Illinois también consideran la adopción de una medida que permita a las comunidades retirarse del programa. El estado de Washington delegó en los gobiernos locales la decisión de que se sumen al llamado programa de "Comunidades Seguras", el cual enlaza la base de datos criminales de la FBI y los archivos del Departamento de Seguridad Nacional.
Conforme al programa, cuando una persona es arrestada, se verifica su condición migratoria automáticamente por medios electrónicos. Sin embargo, podrían dar al traste a los esfuerzos de los legisladores los argumentos de las autoridades federales de que los estados son ajenos al control de la información que comparten las entidades federales.
La controversia en torno al programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pone de relieve la tensión entre los estados y el gobierno federal ante la ausencia de una solución legislativa al tema de la inmigración.
En los últimos cuatro años, los estados han aprobado numerosos proyectos de ley y resoluciones sobre diversos puntos que van desde la verificación de los empleadores al acceso a las licencias de los conductores. La más notable por su severidad es la ley de inmigración de Arizona.
Los defensores de los inmigrantes han censurado el programa del ICE en el que se comparten las huellas dactilares porque incluye a víctimas de crímenes y testigos arrestados durante una investigación, además de los presuntos delincuentes.
Casi 29% de los 102.000 inmigrantes deportados conforme al programa desde que dio inicio en 2008 no tenían antecedentes penales, según estadísticas del gobierno federal.
El martes, la comisión de seguridad pública de la Asamblea de California aprobó la admisión de un proyecto de ley que permitiría a las comunidades locales participar en el programa sólo si lo deciden mediante una resolución.
[[order]] [[autor]] escribió el [[time | date DD/MM/YYYY HH:mm]]
[[comment]]