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WASHINGTON, Estados Unidos, mar. 12, 2011.- La petrolera estadounidense Chevron apeló la sentencia que el mes pasado emitió una corte en Ecuador y en virtud de la que tiene que pagar 9.500 millones de dólares por daños medioambientales en la Amazonía, informó hoy la multinacional.
En el escrito de apelación, Chevron detalla el "esquema de fraude" llevado a cabo por los abogados de los demandantes, sus seguidores y otros, que ha "corrompido" el juicio, así como los "numerosos errores" legales y fácticos de la sentencia del pasado 14 de febrero en su contra, explica la petrolera en un comunicado.
Los demandantes son comunidades de la Amazonía ecuatoriana representados por abogados de EU y su propio país, que iniciaron el litigio en 1993 por la contaminación presuntamente ocasionada entre 1964 y 1990 por Texaco, adquirida después por Chevron.
La petrolera indica que su apelación aporta pruebas de que los abogados de los demandantes "falsificaron datos y presionaron a peritos científicos para encontrar contaminación donde no existía".
Los abogados de los demandantes también consiguieron que se designara a un "perito global", supuestamente neutral, quien fue "reclutado" y pagado por ellos para presentar como propio el informe de daños que fue escrito en forma anónima por la empresa Stratus y otros consultores de los demandantes, alega Chevron.
Afirma que los abogados de los demandantes "intentaban ocultar el fraude" contratando a otra firma estadounidense para poner los datos y las conclusiones bajo nuevos nombres.
Chevron asegura que la sentencia se basa en datos y conclusiones que figuran en el informe "fraudulento"."La corte ignoró las pruebas científicas válidas.
Todos los informes legítimos de los peritos en el caso concluyeron que las zonas remediadas por Texaco no presentaban riesgos considerables para la salud ni para el medio ambiente", alega.
Chevron presenta otras bases para revocar la sentencia, entre ellas que la corte desestimó el efecto de los acuerdos de finiquito firmados anteriormente que exoneraban a Texaco y a sus filiales, incluida Chevron, de toda responsabilidad ambiental futura.
Argumenta, además, que basó su sentencia en una aplicación ilegal y retroactiva de la Ley de gestión ambiental del Ecuador, que fue sancionada en 1999, después de que Texaco dejara de operar en Ecuador y luego de que fuera exonerada de toda responsabilidad potencial por impactos ambientales.
La corte rehusó, agrega, considerar la responsabilidad de Petroecuador por los impactos ambientales, como socio mayoritario del consorcio de 1976 a 1992, y como el propietario y operador exclusivo de las operaciones ampliadas que fueron realizadas en la zona desde 1992 hasta la fecha.
El pasado 7 de marzo, un juez de Nueva York decidió impedir la ejecución de la sentencia, y un mes antes, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que dictara el tribunal ecuatoriano contra Chevron.
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