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ATLANTA, Estados Unidos, mar. 3, 2011.- En medio de protestas de agrupaciones civiles, la Cámara de Representantes de Georgia aprobó este jueves la propuesta HB87, una iniciativa similar a la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal.
La propuesta, aprobada con 113 votos a favor y 56 en contra, otorga a policías locales potestad para detener a personas que crean son indocumentadas, aunque no hayan cometido ningún delito.
La legislación además exige el uso del programa federal de identificación E-Verify a las empresas y castiga a quienes alberguen o transporten a indocumentados.
En los últimos días, el autor de la propuesta, el republicano de Peachtree City, Matt Ramsey, incluyó cláusulas adicionales que impondrían multas de hasta 250 mil dólares y penas de cárcel de hasta 15 años a quienes sean acusados de robo de identidad.
La HB87 pasará ahora al Senado estatal, que también cuenta con una propuesta similar, la SB40.
El proyecto SB40, del senador republicano Jack Murphy, también autorizaría a policías locales a indagar el estatus migratorio de un detenido y exigiría a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados a través del sistema de verificación federal E-verify.
A diferencia de la HB87, la propuesta del Senado eximiría a la industria agrícola de utilizar el sistema de verificación E-verify, que genera ganancias por cerca de 68 mil millones de dólares al año en el estado.
Activistas de derechos civiles se mostraron decepcionados ante la aprobación de la medida, aunque reconocieron que era un "desenlace esperado".
Teodoro Maus, presidente de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), expresó su descontento ante lo que considera es una ley "racista" e "ignorante".
"Sabíamos que la votación estaba perdida, sabíamos que podíamos convencer a uno o dos pero no a todos", dijo a Efe Maus sobre la aprobación de la ley, considerada por muchos como una "réplica" de la de Arizona.
Al menos medio centenar de manifestantes protestaban esta tarde frente al Capitolio la decisión de la Cámara de Representantes.
"Ahora lo que nos queda es bajar el tono y hacer todo lo posible para suavizar la aplicación de la ley. La lucha sigue y más bien se intensifica", indicó el activista.
Asimismo, GLAHR y otras organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han amenazado con desafiar en corte esta ley de ser promulgada.
Además de organizaciones civiles, la ley recién aprobada en la Cámara de Representantes cuenta con acérrimos detractores en la principal industria del estado, la agricultura, que se estima emplea entre un 50 y 70 por ciento de mano de obra indocumentada.
La Asociación de Agricultores de Georgia (GFB), que representa a cerca de 400 mil granjeros, ha advertido en repetidas ocasiones sobre las "serias consecuencias económicas" de esta ley.
Al menos otras tres leyes consideradas anti-inmigrantes han sido presentadas este año en la Legislatura de Georgia, la HB59, que tendría el objetivo de prohibir a jóvenes indocumentados el ingreso a universidades públicas del estado; la HB296, que exigiría contar a los indocumentados que atiendan en los hospitales y asistan a las escuelas públicas y la SB104, penalizaría a los jornaleros que ofrezcan sus servicios en la vía pública, a quienes los contraten y a las autoridades que no hagan cumplir la ley.
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