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PHOENIX, Estados Unidos, feb 23, 2011.- Una subcomisión del Senado de Arizona aprobó el martes por la noche por estrecho margen un drástico proyecto de ley a fin de afectar a los inmigrantes indocumentados que residan en zonas habitacionales financiadas por el gobierno, en oficinas de subsidios públicos y en centros laborales.
Previamente, la subcomisión aprobó un proyecto que le negaría la obtención inmediata de la ciudadanía estadounidense para los hijos de padres indocumentados mediante una medida encaminada a presentar un caso ante la Corte Suprema sobre el asunto.
Esa medida, que se agregaría a la controvertida ley de inmigración de Arizona del año pasado, provocó una enérgica oposición por parte de la bancada demócrata que señalaron que el patrocinador trama su estrategia política personal y no se enfoca en la economía, que había sido señalada como tema prioritario por los republicanos.
El proyecto de ley de 29 páginas fue presentado por el senador republicano Russell Pearce, quien también elaboró la ley del año pasado, que provocó una intensa reacción de debate a nivel nacional sobre la legalidad de los estados para aplicar leyes federales de inmigración.
"Deberíamos estar pensando en darle un giro a la economía de Arizona y no en buscar un puesto más alto", dijo el senador Richard Miranda, de Tolleson, refiriéndose directamente a lo que muchos creen es la intención de Pearce, actual presidente del Senado, una vez que deje la Legislatura. "¿Se trata de combatir a los cárteles del narcotráfico en la frontera o de culpar a un grupo de todos los problemas del estado?"
"Si uno está en el país ilegalmente, uno no tiene derechos a beneficios públicos, punto", destacó.
El proyecto dificulta los requisitos a fin de que los empleadores verifiquen la legalidad de los nuevos contratados, de lo contrario sus licencias de negocios les serían suspendidas si no utitizan el sistema federal de verificación, E-Verify. Asimismo aquéllos que usen una falsa identidad para obtener un trabajo podría ser condenado a seis meses de prisión.
Asimismo obliga a que las escuelas obtengan información sobre el estado legal de los estudiantes y que los reporten a las autoridades si los padres no presentan los documentos necesarios o si estos parecen falsos.
Asimismo proscribe que un indocumentado maneje vehículos motorizados en el estado, bajo pena de 30 días de cárcel y la incautación del vehículo si son hallados culpables.
Los demócratas no contaron con los votos necesarios para bloquear la medida, pero el tema causó discusiones entre partidarios de ambas posturas, y las medidas de seguridad en el Senado fueron reforzadas con aproximadamente una decena de policías uniformados que se emplazaron dentro y alrededor del edificio.
Otro de los proyectos de ley previstos para esta noche obligarían a que los hospitales confirmen que los pacientes que solicitan atención médica no considerada de emergencia residan en el país de manera legal.
Antes de la reunión del comité, algunos de los agentes de seguridad asignados al exterior del edificio se interpusieron en medio de dos pequeños grupos de personas que intercambiaban abucheos y burlas.
La policía informó que cuatro personas fueron arrestadas y citadas ante el juez por alterar el orden público al irrumpir en una conferencia de prensa de una senadora demócrata, quien explicaría su proyecto de ley para endurecer los castigos contra el tráfico de personas.
Adentro, los agentes despejaron un pasillo que estaba repleto, y ordenaron a la gente que acudiera a una gran habitación para ver un video de la audiencia.
La iniciativa de Pearce endurece los requisitos para que los empleados verifiquen si los empleados a quienes contratan están en condiciones de laborar en el país. La licencia para la operación de un negocio podría suspenderse si los dueños no utilizan el sistema federal conocido como e-Verify, que revisa el estatus migratorio de los posibles empleados.
Los trabajadores que utilicen identificaciones falsas para obtener un empleo serían sentenciados a seis meses de prisión inconmutable.
Además, la medida requiere que las escuelas recopilen información sobre el estatus legal de los estudiantes y los reporten a las autoridades si sus padres no proporcionan los documentos necesarios o si éstos parecen falsos.
La propuesta prohibe además que un indocumentado conduzca un vehículo en el estado, y contempla una sentencia mínima de 30 días de prisión, así como la incautación del auto, en caso de que alguien se hallado culpable.
En materia de vivienda, el proyecto requiere que las agencias públicas verifiquen el estatus migratorio de quienes alquilan propiedades, y que desalojen a quienes viven ahí si se descubre que son indocumentados. En cuanto a la atención a la salud, la iniciativa cambia parte de los requisitos del programa Medicaid, de atención a los pobres, en lo referente a los documentos necesarios para obtener prestaciones.
Propuestas similares han sido presentadas por los legisladores en Indiana, Misisipí, Texas, Oklahoma y Dakota del Sur.
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