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QUITO, Ecuador, feb. 15, 2011.- El pleno de la Corte Constitucional de Ecuador aprobó hoy las cinco preguntas del referendo que impulsa el Gobierno para reformar la justicia, entre otros fines, y que implican enmiendas de la Carta Magna, aunque con modificaciones.
Tras cinco horas de debate, los nueve magistrados ratificaron todas las preguntas por seis votos a favor y tres en contra.
El pleno de la Corte respaldó un informe elaborado por el juez Patricio Herrera, en el que mantuvo la esencia de las preguntas presentadas por el Ejecutivo, con ciertos cambios.
"Hemos realizado observaciones no de forma, sino sustanciales", dijo a la prensa tras la votación el presidente del tribunal, Patricio Pazmiño. "Las enmiendas a la Constitución tienen luz verde", añadió.
Derrotadas quedaron las propuestas de la magistrada Nina Pacari, que había sido designada por la Corte por sorteo para realizar un informe sobre las cinco preguntas.
Pacari recomendó mantener una de ellas, con importantes cambios, y rechazó el resto, por considerar que para su aprobación era necesaria una Asamblea Constituyente y no un referendo, puesto que violaban derechos constitucionales o afectaban la estructura básica del Estado.
La magistrada dijo que la aprobación de las propuestas básicas del Gobierno por parte de la Corte "fue una decisión política, más que jurídica".
La gran mayoría del debate se centró en la primera pregunta, que propone ampliar los plazos de la prisión preventiva y que fue la única que Pacari había aceptado con importantes cambios.
Ninguno de sus colegas apoyó su propuesta, aunque uno de ellos, Alfonso Luz Yunes, la rechazó porque creía que la pregunta presentada por el Ejecutivo era inconstitucional.
En el resto de las preguntas la votación fue de seis magistrados a favor del proyecto de Herrera y tres en contra, incluida Pacari.
Esas preguntas tratan de la restricción de las medidas cautelares a la prisión preventiva, la prohibición de que los directivos e inversionistas de bancos y medios de comunicación tengan negocios ajenos a esos sectores, y dos preguntas respecto a la reestructuración del sistema judicial.
El pleno analizará a continuación las otras cinco preguntas, que entrañan cambios en la legislación pero no enmiendas constitucionales.
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