PHOENIX, Arizona, feb. 10, 2011.- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció este jueves que demandará al Gobierno de Estados Unidos por el "fracaso" en la implementación de las leyes de inmigración.
A juicio de la mandataria republicana, Washington no está cumpliendo con su trabajo de garantizar la seguridad de la frontera de Arizona.
"Lo que buscamos es que el Gobierno federal haga su trabajo", dijo en una conferencia de prensa el fiscal general del estado, Tom Horne, quien acompañó a Brewer durante el anuncio y explicó que la demanda está basada en cinco puntos.
El primero es que el Gobierno federal ha fallado en obtener un "control operacional" de la frontera, segundo por fracasar en aplicar múltiples leyes migratorias, tercero por no proteger Arizona de los daños económicos y la violencia asociada con la inmigración ilegal, tal y como lo ordena la Constitución.
Cuarto, la negligencia por parte del Gobierno federal por no pagar al estado de Arizona más de 760 millones de dólares en gastos por encarcelamientos de reos "sin papeles" y por último, obstaculizar el derecho constitucional de Arizona a proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos.
"Mientras el control de la frontera es una responsabilidad federal, los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera y cometen crímenes en Arizona se convierten en la responsabilidad de Arizona", sostuvo Horne.
Con esta acción, Arizona responde a una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia tras la aprobación de la ley estatal SB1070, la primera en criminalizar a inmigrantes indocumentados en el país, bajo el argumento de que inmigración es materia federal.
A raíz de esta querella, un juez federal en Arizona suspendió antes de su entrada en vigor algunas de las cláusulas más polémicas de la medida, como la facultad de la policía local de detener y cuestionar a una persona por ser sospechosa de ser indocumentada.
Brewer apeló esta decisión sin que hasta ahora el Tribunal de Apelaciones del Circuito Nueve haya dado a conocer un veredicto.
Asimismo, Arizona junto con otros estados tratan de llevar ante la Corte Suprema de Estados Unidos el debate sobre la interpretación de la enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía automática a toda persona nacida dentro del territorio nacional, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460 mil inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo Estados Unidos se considera que residen doce millones de indocumentados.
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