Parlamento tunecino confiere poderes al presidente interino

Diputados de Túnez votan para conferir plenos poderes al presidente interino, Fuad Mebaza

REPÚBLICA DE TÚNEZ, Túnez, feb. 7, 2011.- Una gran mayoría de los diputados tunecinos votaron este lunes a favor de una proposición de ley para conferir al presidente interino de Túnez, Fuad Mebaza, la posibilidad de gobernar por decreto y evitar con ello la necesidad de aprobar las leyes en el Parlamento, constituido en el antiguo régimen.

Fuentes parlamentarias indicaron que más del 80 por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional apoyaron la propuesta de conferir al presidente, en virtud del artículo 28 de la Constitución, la facultad de gobernar por decreto ley.

Según Tarek Chabuni, uno de los dos parlamentarios del movimiento opositor Etajdid, "la votación ha sido muy rápida, sólo 16 diputados votaron en contra y uno se abstuvo".

El primer ministro tunecino, Mohamed Ganuchi, defendió la concesión de facultades extraordinarias al presidente al inicio de la sesión plenaria "por el momento de crisis que vive el país" y destacó que se trataba de "la mejor opción para no perder tiempo con el fin de acometer las urgentes reformas necesarias".

"Túnez se enfrenta a peligros y personas que quieren llevar al país marcha atrás pero debemos honrar a los mártires que han luchado por la libertad", afirmó Ganuchi.

De los 214 escaños de la Cámara, 161 pertenecen a la Reagrupación Constitucional democrática (RCD), el partido que dominaba todos los resortes del poder en el régimen del presidente depuesto Ben Alí y al que el Gobierno decidió suspender todas sus actividades el domingo.

Mientras se desarrollaba la sesión plenaria de este domingo, la primera desde la huida del país de Ben Alí, centenares de manifestantes reclamaron la disolución de la Asamblea por considerarla "no democrática y representante de la dictadura".

La Cámara de Consejeros (Senado) debe aprobar todavía el próximo miércoles el proyecto de ley que atribuye plenos poderes al presidente y que le permitirá aprobar decretos sobre cuestiones claves como la amnistía general, los derechos humanos, la legalización de partidos o el blanqueo de dinero.