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PUERTO PRÍNCIPE, Haití, ene. 18, 2011.- El ex presidente de Haití Jean Claude Duvalier salió este martes de la Fiscalía de Puerto Príncipe tras prestar declaración durante más de cuatro horas y resultar inculpado por desvío de capitales, según fuentes judiciales.
Duvalier, quien abandonó la fiscalía acompañado por agentes de la Policía, pero sin esposas, quedará a disposición de la justicia haitiana, según sus abogados, que no informaron sobre el destino al que será conducido, aunque se presume que regresará a su hotel.
El exmandatario, que llegó por sorpresa a Haití el domingo tras 25 años de exilio en Francia, fue conducido a la sede del Ministerio Público a primeras horas de la tarde desde su hotel, donde por la mañana comenzó a ser interrogado por el fiscal.
Grupos de seguidores permanecieron en los alrededores de la Fiscalía para dar apoyo al exgobernante, en espera de la resolución judicial, mientras que activistas de los derechos humanos se congregaron a las puertas de la institución, donde denunciaron los crímenes de los que se le acusa.
Entre los presentes estaba la responsable del organismo "Droits et democratie" (Derechos y Democracia), Daniele Magloire, exintegrante del Consejo de los Sabios de Haití, quien mostró su sorpresa por la falta de información acerca del procedimiento judicial abierto y de las etapas que seguirán.
El director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH), Pierre Esperance, dijo a Efe que "Duvalier fue el cabecilla de muchos crímenes que se cometieron entre 1971 y 1986, que se pueden calificar de crímenes contra la humanidad".
Según él, entre estos crímenes figuran "la tortura, la detención arbitraria, el asesinato y la ejecución sumaria. Son crímenes que no prescriben", aseveró.
Jean Claude Duvalier, también llamado "Baby Doc", gobernó entre 1971 y 1986 como sucesor de su padre, Francois Duvalier, quien lo había hecho desde 1957.
La familia Duvalier lideró un régimen al que se considera responsable de numerosos crímenes y del desvío de sumas millonarias pertenecientes a los fondos del Estado.
En 1987 fue juzgado ante un tribunal por una demanda civil por el presunto desvío en provecho propio de 120 millones de dólares de fondos del Estado, y en 1991 se presentó otra demanda por el supuesto robo de 800 millones que al parecer tenía en distintos bancos de Estados Unidos, Suiza y Francia.
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