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QUITO, Ecuador, ene. 17, 2011.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó este lunes las preguntas de un referendo de amplio calado que incluye la reforma del sistema judicial, restricciones a las propiedades de la banca y los medios de comunicación, y el control de algunos contenidos de la prensa.
El mandatario acudió personalmente a la sede de la Corte Constitucional y puso en manos de su presidente, Patricio Pazmiño, un sobre cerrado con el texto de las 10 preguntas.
El tribunal tiene 45 días para analizar si éstas son apropiadas y determinar el proceso para las reformas que plantean.
"Podemos, debemos tener una democracia mucho más directa", dijo Correa en el acto.
El mandatario anunció a finales de año la idea de la consulta popular como una respuesta a la alarma social en torno a la criminalidad y los asesinatos por parte de sicarios.
La semana pasada, por ejemplo, perecieron dos policías en Guayaquil y el presidente de un equipo de fútbol de segunda división, que fue acribillado en un restaurante.
De aprobarse el cuestionario, los ecuatorianos decidirán si endurecen las medidas penales, evitando que los detenidos sean puestos en libertad cuando se cumple el plazo máximo de prisión preventiva.
La consulta también propone que los jueces sólo puedan dictar medidas alternativas a la prisión preventiva para delitos menores.
El Gobierno quiere asimismo que los más de 10 millones de votantes aprueben la reestructuración del sistema judicial, incluido el Consejo de la Judicatura, su máximo órgano.
Correa también aprovechó la iniciativa para incluir preguntas que nada tienen que ver con la seguridad y, de hecho, la presentación de las cuestiones se atrasó una semana porque sus asesores quisieron llevar al pueblo una multitud de temas, que al final el Gobierno redujo a diez.
Después de haber obligado el año pasado a los banqueros a vender todas sus acciones en los medios de comunicación, en cumplimiento de una cláusula de la Constitución de 2008, que el Gobierno impulsó, ahora el mandatario quiere que se les impida tener acciones en cualquier negocio ajeno al sistema financiero.
Del mismo modo, la consulta propone prohibir a los medios de comunicación nacionales privados tener inversiones en empresas que no sean de prensa.
Correa, que critica a los medios privados en casi todas sus intervenciones por supuestamente manipular la información, dijo hoy que el objetivo de ambas medidas es "evitar conflictos de intereses".
El Gobierno también aboga en la consulta por la creación de un "Consejo de Regulación", cuya composición no ha definido, para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
La consulta preguntará además si los ciudadanos quieren convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado", así como la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas.
También propone prohibir los juegos de azar, como casinos y salas de juegos, y "los espectáculos públicos donde se mate a animales", en referencia a las peleas de gallos y las corridas de toros.
El pleno de la Corte se reunirá mañana para abrir el sobre entregado por Correa y Pazmiño prometió "celeridad" en el análisis de la consulta, que responde "a una demanda y un clamor ciudadano", según dijo hoy.
Una vez que emita su dictamen, el tribunal devolverá el texto a Correa, que debe firmar un decreto ejecutivo para la realización de la consulta.
Tras su emisión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá siete días para convocar a la consulta y sesenta días para realizarla, según su presidente, Omar Simon, que estimó que costará en torno a 28 millones de dólares.
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