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LA PAZ, Bolivia, ene. 4, 2011.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, se planteó este martes la necesidad de mejorar los ingresos de las petroleras para asegurar la producción de combustibles líquidos en el país, tras el último conflicto causado por una subida en el precio de los carburantes que fue anulado tras protestas sociales.
El mandatario izquierdista, que nacionalizó el sector petrolero en 2006, habló sobre el tema en una conferencia de prensa con medios extranjeros, en la que también asumió la responsabilidad política de la subida entre un 57 y 82% de los combustibles de la semana pasada.
Morales reconoció que las petroleras privadas en Bolivia y la misma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pueden seguir recibiendo 10 dólares por barril de petróleo producido porque eso no les permite tener ganancias ni reinvertir.
"Cualquier empresa tiene derecho a recuperar su inversión y tener derecho a las utilidades.(...) Si en este momento al operador (privado), al prestador de servicio, al socio, solo se paga 10 dólares por barril, igual a la empresa del Estado, con eso no se recupera ni su inversión, menos puede tener utilidades", admitió.
Desde hace siete años, el precio pagado en el mercado interno por barril de petróleo es de 27 dólares, pero de esa suma las empresas solo reciben 10 porque el resto cubre impuestos.
Entre las operadoras están la española Respsol YPF, socia además del Estado en una empresa nacionalizada, la argentina Pluspetrolo, la brasileña Petrobras, la franco belga TotalFinaElf, y la British Gas, entre otras.
La semana pasada, el Gobierno anunció que comenzaría a pagar 59 dólares por barril de petróleo para estimular a las empresas, pero esa decisión quedó sin efecto luego de que Morales retrocediera en su decreto de alza del coste de carburantes.
Las empresas se quejaron varias veces de que Bolivia tenía un régimen tributario muy alto que impedía hacer inversiones o tener ganancias, en el marco de la nacionalización decretada por Morales.
De forma genérica, el Estado se queda con un 82% del negocio petrolero y del gas, mientras que las empresas con el restante 18%, lo que ha provocado una parálisis de inversiones que ha estancado el sector en los últimos años.
Morales dijo hoy que YPFB, entidad que dirige la nacionalización del sector, estudia opciones sobre cuánto más por barril recibirán las operadoras del sector y las socias privadas del Estado para que garanticen sus inversiones.
Enfatizó que es "falsa" una versión de que una subida del precio del barril del petróleo solo beneficiaría a YPFB y no al resto de las empresas privadas.
"¿Quién podría invertir para perder? Nunca. Ni empresas del Estado, ni empresas privadas. La única forma de garantizar que en Bolivia explotemos petróleo crudo y refinar para gasolina y diesel (gasóleo) es acabando con la subvención que permite garantizar la inversión", sostuvo el mandatario.
No obstante, las palabras del mandatario contrastan con las que antes amenazaba constantemente con intervenciones a las empresas petroleras si no hacían inversiones para aumentar la producción boliviana tanto de gas como de petróleo.
Bolivia tiene previsto importar combustibles este año por mil millones de dólares, de los que 600 millones serán subvencionados, cuya mitad a su vez representaría el monto del contrabando de carburantes a países vecinos.
Morales calificó la subvención como un "cáncer" que afecta el Estado y justificó con ello su decisión de la semana pasada de subir el precio de los carburantes, una medida que luego derogó ante las crecientes protestas sociales.
El gobernante también dijo hoy que asumía en persona el costo de la decisión que otros consideran un "error", al descargar la culpa posible de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de ministros del sector económico, cuya renuncia piden varios sectores sociales.
"Yo quiero ser muy sincero. Si (se) piensa que hay errores, deben ser del presidente y de ninguno más", dijo Morales y señaló que su responsabilidad ante el pueblo y la historia están salvadas porque a su juicio hizo lo adecuado.
En adelante, según el gobernante, los movimientos sociales deben decidir cuándo se puede aplicar el alza de carburantes porque es una necesidad para la economía nacional.
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