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CIUDAD DEL VATICANO, dic. 30. 2010.- El Vaticano publicó este jueves una serie de reformas a su normativa financiera interna con las cuales modificó sus antiguas reglas, las cuales permitieron en el pasado un manejo económico opaco propio de un paraíso fiscal.
La oficina de prensa de la Sede Apostólica difundió este día una carta apostólica ('motu proprio') firmada por Benedicto XVI, con la cual aprobó una ley de 43 artículos para prevenir y combatir tanto el reciclaje de dinero como el financiamiento al terrorismo.
El mismo decreto autorizó la conformación de la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo interno del Vaticano que controlará el correcto cumplimiento de esa ley en todas las instituciones vinculadas al gobierno central de la Iglesia católica.
“La paz por desgracia está amenazada por diversas causas, entre las cuales un uso impropio del mercado y de la economía y aquella, terrible y destructora, de la violencia que el terrorismo perpetra, causando muerte, sufrimiento, odio e inestabilidad social”, indicó la carta.
Por un lado la ley, que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2011, considera las formas de contraste a delitos como la transferencia de fondos de procedencia criminal o de dinero lícito pero encaminado a financiar actividades terroristas.
El texto no sólo incluye la enumeración de los delitos graves sino que también considera las penas que deberían ser aplicadas a las personas que perpetrasen tales acciones en territorio vaticano.
Por ejemplo, quien transfiere recursos provenientes de una acción criminal podría ser castigado con una pena de reclusión de cuatro a 12 años y con una multa que podría variar de los mil a los 15 mil euros (mil 324 a 19 mil 867 dólares).
“Quien promueve, constituye, organiza, dirige o financia personas o asociaciones que se propongan el cumplimiento de actos de violencia con la finalidad de terrorismo o de subversión será penado con la reclusión de cinco a quince años”, indicó el artículo cuatro.
La normativa estableció castigos para quien reclute y adiestre terroristas, organice sabotajes, defraude, abuse de información privilegiada, manipule el mercado, contrabandee, trafique con residuos, dañe el medio ambiente, cometa malversación de fondos y trafique con armas.
Serán los órganos judiciales del Estado Vaticano los responsables de ejercitar la jurisdicción penal sobre estos delitos, siempre conforme a sus acuerdos con Italia en caso de pena de reclusión, ya que el Estado papal no cuenta con cárceles propias.
Asimismo este día se publicó un estatuto especial para la AIF, un órgano que tiene tareas “en materia de prevención y contraste al reciclaje de los recursos producto de actividades criminales y del financiamiento al terrorismo”.
Según el reglamento se tratará de una institución vinculada a la Sede Apostólica que gozará de personalidad jurídica pública y tendrá sede legal en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esta deberá vigilar sobre todas las secciones pontificias que realizan actividades económicas, no sólo el Instituto para las Obras de Religión (conocido coloquialmente como la 'banca vaticana') sino sobre otras áreas como la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Entre otras cosas la AIF participará con representantes propios en los organismos internacionales dedicados a la prevención del lavado de dinero.
Con las nuevas reglas anunciadas este día y que normarán, entre otras cosas, al Instituto para las Obras de Religión busca acabar con años de escándalos, desde finales de la década de los 70 hasta los 90 del siglo pasado.
Particularmente esa institución, entre otras cosas, fue controlada por Paul Marcinkus, conocido como 'el banquero de Dios', a quien se le atribuye la responsabilidad -junto con el empresario italiano Roberto Calvi-, de la quiebra del Banco Ambrosiano a inicios de los 80.
Años más tarde Donato De Bonis, prelado del IOR, construyó una red de cuentas a nombre de fundaciones fantasma por las cuales circuló dinero de altos políticos y personajes ligados a la mafia italiana.
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