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LAS VEGAS, Estados Unidos, dic 22, 2010.- Dos hombres se declararon culpables el jueves de confabularse con un efectivo de la Armada estadounidense y otro individuo para traficar armas ingresadas de contrabando desde Irak y Afganistán con la intención de venderlas en México, dijo un fiscal federal.
Andrew Kaufman, de 36 años, y Omar Aguirre, de 35, ambos de Las Vegas, comparecieron en una audiencia en esa ciudad para declararse culpables ante el juez federal de Distrito Lloyd George, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía, dijo en un comunicado el fiscal federal de Nevada Daniel Bogde.
El caso deriva de una operación encubierta de un mes que se reveló públicamente el 3 de noviembre con la detención de Kaufman en Las Vegas, así como del marino estadounidense de las fuerzas especiales Nicholas Bickle, de 33 años, en San Diego, y de un amigo de Bickle, Richard Paul, de 34 años, en Durango, Colorado.
Bickle y Paul se declararon inocentes el jueves en Las Vegas de los cargos de confabulación modificada, tráfico de armas de fuego y explosivos, falta de registro de armas y tráfico de armas de fuego sin licencia, dijo Natalie Collins, una portavoz de Bogden.
Se espera que Kaufman y Aguirre declaren en contra de Bickle y Paul, quienes podrían pasar décadas en una prisión federal si son declarados culpables.
Los fiscales dicen que Bickle era el cerebro del plan y principal traficante de armas y Paul era el vendedor principal. El plan consistía en venderle pistolas y metralletas de uso militar a otra persona, que resultó ser un agente encubierto de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF en inglés). Este les había dicho que las armas serían enviadas a México.
De acuerdo con los memorandos en los que Kaufman y Aguirre se declararon culpables, la organización logró introducir de contrabando a Estados Unidos y vender posteriormente más de 70 armas, entre ellas fusiles, pistolas, escopetas y 30 metralletas.
El fiscal federal Drew Smith le dijo a un juez en noviembre que entre las armas había metralletas de 7.62 mm de fabricación iraquí que serían difíciles o imposibles de rastrear.
Los documentos judiciales dijeron que el plan fue posible gracias al hecho de que los miembros de la unidad de operaciones especiales SEAL de la Armada no son sometidos a una revisión al volver de sus misiones en ultramar.
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