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MADRID, España, dic. 3, 2010.- El Ministerio de Defensa controla la navegación aérea en todo el territorio español ante la situación de "extrema gravedad" causada por un plante masivo de los controladores civiles, anunció el vicepresidente primero del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En una comparecencia en la sede del Ministerio de Fomento en la que no admitió preguntas, Rubalcaba dijo que el Jefe del Estado Mayor adoptará todas las medidas y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores.
Rubalcaba, que compareció junto al ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Defensa, Carmen Chacón, resaltó que la Constitución ampara estas medidas en razón a la situación de emergencia prevista en la Ley de Seguridad Aérea.
A las 02:00 hora local (las 01:00 GMT) habrá una nueva comparecencia del Gobierno para informar sobre la evolución de la situación, que ha causado el caos en los aeropuertos españoles en los que decenas de miles de personas quedaron en tierra.
Todo el espacio aéreo español, con la excepción del de la región de Andalucía, en el sur de España, tuvo que ser cerrado al haber abandonado sus puestos de trabajo los controladores a media tarde de hoy alegando indisposiciones físicas.
La decisión de los controladores, adoptada unas horas después de que el Gobierno aprobara un nuevo modelo de gestión aeroportuaria, se produce al comienzo de un "puente" en el que miles de personas preveían viajar aprovechando las jornadas festivas del lunes y del miércoles en España.
El presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, explicó a Efe que la acción responde a una protesta por el número de horas laborales anuales que el Gobierno fija para este colectivo en la normativa aprobada hoy.
La USCA dijo que los controladores están "muy nerviosos" por el decreto que fija un máximo de 1.670 horas de tránsito aéreo anuales.
La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias penales por un posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel, informaron a Efe fuentes de la Fiscalía.
El fiscal ha pedido a la Policía y al organismo de gestión aérea AENA que informe qué controladores se han ausentado de sus puestos de trabajo.
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