Guatemaltecos esperan sentencia por crimen de diputados

Por Francisco Cuevas | Fuente: Noticieros Televisa | 2010-12-01

Entre 150 y 280 años de prisión podrían recibir nueve guatemaltecos acusados del asesinato de tres diputados salvadoreños, y el piloto de éstos, ocurrido en enero de 2007

GUATEMALA, Guatemala, dic. 1, 2010.- Nueve guatemaltecos, entre ellos un ex diputado, un ex policía, una mujer y cinco personas más, podrían ser condenadas este miércoles a sentencias de cárcel entre los 150 y 280 años de prisión, si un tribunal de la capital guatemalteca los encuentra responsables del asesinato de tres diputados salvadoreños y del piloto de éstos, los tres miembros del Parlamento Centroamericano, un hecho registrado el 19 de enero del 2007.

Para el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, el Ministerio Público le solicitó a los tres jueces del Tribunal de Alto Impacto que lo condenen con 276 años de prisión bajo el argumento que Castillo junto al político salvadoreño Roberto Silva Pereira, actualmente en prisión en los Estados Unidos donde fue condenado por delitos relacionados al narcotráfico, son los autores intelectuales de los crímenes.

También se solicitó la condena de 274 años de cárcel para Carlos Humberto Orellana Aroche, Marvín Contreras Nazareno, Javier Lemus Escobar.

Mientras que para Carlos Gutiérrez,  202 años de prisión; 258 para Baner Morales Silva y 158 para la única mujer identificada como Linda Castillo.

Todos son señalados de los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración.

Este caso provocó en los últimos días un escándalo cuando la ex fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad -CICIG-, la costarricense Gisele Rivera, acusó al ex jefe de la Comisión, el español Carlos Castresana, de haber interferido en la investigación para favorecer a un grupo de ex funcionarios del gobierno del presidente Oscar Berger (2004-2008) encabezados por el ex ministro de Gobernación Carlos Vielman Montes, sindicado de manejar un grupo de sicarios conformados por policías guatemaltecos.

Luego de estas revelaciones, el Ministerio Público solicitó la captura de la ex fiscal costarricense, quien tenía previsto testificar en el caso, una acción que diferentes sectores consideran una argucia para evitar su declaración, con la cual se pondría al descubierto la mecánica de operaciones de los agentes del Estado, a quienes responsabilizó de los asesinatos para robar a los diputados salvadoreños Eduardo Dáubuison, William Pichinte y José González unos 5 millones de dólares que transportaban en un vehículo que conducía el también salvadoreño Gerardo Ramírez.

Los abogados defensores de los acusados declararon que el proceso está viciado por cuanto se evitó la comparecencia de una persona que investigó el caso y que libera de responsabilidad a sus defendidos.

 

 

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