Reino Unido indemnizará a 16 ex presos de Guantánamo

Dieciséis ex reclusos de Guantánamo que demandaron al gobierno británico por supuesta complicidad en las torturas a las que fueron sometidos, serán indemnizados; autoridades advierten que eso no significa 'admisión de culpabilidad'

LONDRES, Inglaterra, nov. 16, 2010.- Reino Unido anunció este martes que indemnizará a 16 ex presos sospechosos de terrorismo que demandaron al Gobierno británico por su supuesta complicidad en las torturas que sufrieron en Guantánamo y otros centros de detención al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con los abogados de los denunciantes.

Así lo señaló hoy el ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, en una intervención ante la Cámara de los Comunes, en la que aclaró que ese acuerdo no implica "admisión de culpabilidad" por parte del Ejecutivo pero que, en cambio, "ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación".

Algunos de los querellantes, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, permanecieron retenidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Seis de ellos acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a Guantánamo.

La alternativa al pago de compensaciones que realizará el Ejecutivo británico a los 16 ex reclusos podría haber "comprometido la seguridad nacional" y habría resultado, según explicó hoy el titular de Justicia, en un proceso "largo y extremadamente caro", con un coste estimado de entre 30 y 50 millones de libras (entre 35 y 58 millones de euros).

"Hemos pagado ese dinero para poder avanzar", subrayó Clarke sobre un acuerdo que representa, a la vez, "un paso adelante significativo para poner en práctica los planes del Gobierno de llegar a una resolución en estos asuntos por el interés de la Justicia y de la seguridad nacional".

El primer ministro británico, David Cameron, "ha aclarado repetidamente que su Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas continúa inquebrantable en su oposición a la tortura o a la vejación de prisioneros o detenidos", según apuntó hoy Clarke.

Por su parte, los servicios de inteligencia británicos, el MI6 y MI5, que han negado en todo momento haber sido cómplices o tolerado el empleo de la tortura, consideraron que el acuerdo anunciado hoy permitirá a ambos organismos "concentrarse en la protección de la seguridad nacional", según indicaron en un comunicado.

Entre los ex reclusos que denunciaron al Gobierno por esos maltratos figuran Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga, que acusaron a los servicios de inteligencia británicos y tres departamentos del Gobierno de complicidad en las torturas y de no haber tomado medidas para evitarlas.

Por su parte, la directora del programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, advirtió hoy que la compensación económica "puede ser una parte importante del derecho a reparaciones de quienes son víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, pero es sólo una parte".

Duckworth recordó al Gobierno de Cameron, a través de una nota emitida en Londres, que "la necesidad de hacer pública toda la verdad sobre los atropellos de los Derechos Humanos y el deber de los Estados de exigir responsabilidades a los responsables sigue siendo esencial y no deben pasarse por alto".

En el caso concreto de Binyam Mohamed, de 32 años y vecino de Londres, tras ser detenido en Pakistán en el año 2002 y antes de que los norteamericanos le trasladasen a Marruecos, el ex recluso fue sometido a salvajes torturas, antes de ser enviado a Guantánamo, según denunciaron sus abogados.

Mohamed, que fue puesto en libertad en 2009, asegura que en Marruecos sus torturadores le sometieron a un interrogatorio dictado por el MI5.

El pasado mayo, el Tribunal de Apelaciones de este país dictaminó que el Gobierno no podía recurrir a "pruebas secretas" para defenderse de esas acusaciones y en julio, el Tribunal Superior ordenó la publicación de medio millón de documentos relacionados con esas supuestas torturas.