Artículos relacionados »
GUATEMALA, nov. 16, 2010.- La decisión de un juez de la capital guatemalteca de emitir orden de captura contra dos ex miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, desató un nuevo escándalo judicial.
En agosto último la ex fiscal de origen costarricense Gisele Rivera denunció al anterior jefe de la Oficina de la ONU, el español Carlos Castresana, al no permitir el avance científico de investigaciones de procesos de alto impacto, uno de ellos el asesinato de tres diputados salvadoreños miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) perpetrado el 19 de febrero de 2007.
"La obligación era investigar la existencia de grupos paralelos, identificarlos, desmantelarlos y promover su persecución penal, pero no se hizo. Castresana decía que había momentos políticos para hacer las cosas. Un proceso penal dura mucho ¿Qué momentos político podría esperar?"
La fiscal costarricense declaró que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar el inadecuado proceder de su anterior jefe y que en represalia ahora es perseguida judicialmente.
Rivera explicó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un ente de la Organización de las Naciones Unidas (CICIG) y financiado con aportes de varios países entre estos Estados Unidos, España, Francia e Italia, debe cumplir con tres aspectos primordiales.
Primero, la CICIG se constituyó para identificar grupos paralelos y clandestinos, los cuales debe desmantelar promoviendo el ejercicio de la persecución penal.
Segundo, agregó la exmiembro de la Comisión de la ONU, promover leyes para el mejoramiento del sistema de justicia penal.
Tercero, ofrecer asesoría técnica al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil.
En ese sentido Castresana hizo cuestionamientos contra personas sin que existiera investigación alguna o evidencias; señaló en agosto pasado la ex fiscal Rivera, quien también dijo: ¿Dónde están los procesos?, la CICIG trabajó más en la parte mediática.
El 18 de octubre pasado en la fiscalía guatemalteca la ex fiscal Rivera fue denunciada por difamación por lo anterior jefe de gabinete de la Comisión, la también costarricense Ana Garita y por el actual Jefe de Investigaciones el colombiano Pedro Díaz, denunciado hace pocas semanas por acoso sexual.
La ex fiscal Gisele Rivera indicó que el mandato de la CICIG le otorga inmunidad en casos relacionados a su trabajo desempeñado en Guatemala para la oficina de la ONU.
Un juzgado de la capital de Guatemala emitió orden de captura nacional contra Rivera por los delitos de patrocinio infiel, doble representación y encubrimiento, además la orden se extiende contra el español Antonio Espigares, miembro de la Guardia Civil de España por los delitos de encubrimiento propio.
Analistas consideran que de prosperar la orden de captura contra los dos trabajadores de la CICIG se abre la puerta para iniciar proceso contra el español Carlos Castresana, quien debió renunciar del cargo el seis de junio último en medio de un escándalo provocado por sus supuestas relaciones con una de sus asistentes.
La fiscal Rivera tenía previsto llegar esta semana a Guatemala para testificar en el juicio que se sigue por el asesinato de los tres diputados salvadoreños, pero anunció que por esa persecución iniciada por la CICIG cuyo fondo, dijo es acallarla, determinará si viaja o no a la capital guatemalteca.
[[order]] [[autor]] escribió el [[time | date DD/MM/YYYY HH:mm]]
[[comment]]