La seguridad en muchas ciudades latinoamericanas es un objetivo esquivo. Por eso, atrae tanto la experiencia de Bogotá: al menos durante los dos trienios 1995-1997 y 2001-2003, la ciudad abordó los problemas de seguridad desde una perspectiva de cultura ciudadana que priorizó la protección de la vida y que buscó "y en algunos casos logró" aumentar la adhesión a normas de convivencia. El enfoque de cultura ciudadana no solamente logró que más personas obedecieran esas normas (por ejemplo, no fumar en restaurantes, no consumir alcohol después de la una de la mañana o no usar pólvora artesanal), sino que logró también que más personas llevaran pacíficamente a otros ciudadanos a obedecerlas (tarjeta ciudadana, ahorro del agua, por ejemplo). Asimismo, se promovió la solución pacífica de conflictos y se empleó masivamente el arte, la cultura (en sentido estrecho), la recreación y el deporte para comunicarnos mejor (para expresarnos mejor e interpretarnos mejor).
La política sectorial en seguridad, aprobada a mediados de 1995, proponía "fortalecer las barreras sociales y culturales frente a la transgresión y la agresión", "apoyar la protección y prevención" y "promover la convivencia pacífica y la tramitación concertada de conflictos".
Bogotá había alcanzado durante 1993 la tasa de homicidios más alta de su historia (80 homicidios anuales por cada 100 000 habitantes). Por primera y única vez, la tasa de homicidios mostró a una Bogotá más violenta que Colombia, debido en parte a la violencia producto del narcoterrorismo (apenas un par de años antes se había firmado la Constitución Política de Colombia bajo la presión terrorista contra la extradición). Por atender el problema del terrorismo, se descuidó la atención del homicidio causado por el crimen común y por la intolerancia. Había un gran desorden administrativo. Los delitos contra la vida y la propiedad eran bastante comunes, la corrupción era socialmente aceptada y la ciudad estaba dominada por un estado generalizado de pesimismo y bajo sentido de pertenencia. Afortunadamente, la Constitución llevó a la promulgación del Estatuto Orgánico de Bogotá en 1993, que aumentó la autonomía de la ciudad y fortaleció a la alcaldía, y con el apoyo de la cámara de comercio de la ciudad empezó a impulsar un proceso de planeación estratégica.
Luchando contra ese entorno desesperanzador, en cada uno de los trienios mencionados se redujeron los homicidios a dos tercios con respecto a los que se habían cometido el último año del trienio anterior. Las muertes por accidentes de tránsito se redujeron en una proporción similar. En los últimos 8 años, los resultados alcanzados en homicidios y en muertes por accidentes de tránsito se han mantenido.
Una constante del período de 1994 a 2003 fue que la alcaldía no promovió un punto de vista "determinista": homicidios y muertes en accidentes no fueron vistos como el efecto de causas mecánicas (la versión típica de la izquierda política tiende a ligarlos a fenómenos sociales y económicos, y la versión más cercana a la derecha política, a la debilidad policial y judicial y a penas demasiado bajas). Una crítica a los dos determinismos y un desarrollo de la idea de que distintas ciudades luchan de diversa manera contra la inseguridad pueden encontrarse en la publicación de Corpovisionarios y el Banco Interamericano de Desarrollo titulada Antípodas de la violencia: desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina (2012). El comportamiento violento o manifiestamente imprudente es el resultado de decisiones tomadas por los individuos que podrían decidir de forma distinta. La responsabilidad de las personas es un principio básico asociado al reconocimiento de la libertad y la dignidad humanas.
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