Las negociaciones de la CNTE (Parte 1)

En Oaxaca, un grupo de la dirigencia magisterial controla las plazas de maestros y recursos por los que jamás rinden cuentas

"Se le permitió al sindicato tener un rol que no le corresponde al sindicato", explica Miguel Szekely, director del Instituto de Innovación Educativa del ITESM.

"Y el sindicato aprovechó esta cuestión para crecer en su poder político", asegura Francisco Landero, Suma por la Educación.

"Tenemos siempre observaciones, observaciones recurrentes", afirma Juan Manuel Porta, auditor superior de la Federación.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene desde 1992 un acuerdo con el gobierno de Oaxaca que le otorga diversos beneficios.

Entre otros, le da a la sección 22 el control y manejo de las plazas docentes.

"El gobernador le entrega al sindicato un banco de plazas docentes como patrimonio, y así dice textualmente: como patrimonio de la sección 22 del SNTE", afirma Alberto Serdán, investigador en Educación.

Esta minuta de acuerdos fue firmada el 28 de octubre de 1992 por el entonces gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez y los representantes sindicales de la sección 22.

"Y ya desde muchos años atrás, décadas, estos derechos se fueron sobrepasando hasta influir en la educación, en determinar planes, programas", detalla Francisco Landero, Suma por la Educación.

En esa misma negociación, la sección 22 consiguió la creación de una agencia del Ministerio Público especial para la investigación y persecución de ilícitos que tenga exclusivamente como ofendidos y víctimas, a trabajadores de la educación.

Así lo establecen los acuerdos tercero y cuarto de la minuta vigente desde 1992.

"Y en la conformación de esta agencia especializada, el sindicato tiene la facultad de nombrar a tres abogados, pagados con dinero público y además puede acceder a los contenidos de las averiguaciones previas o de cualquier acto penal en contra de los maestros", detalla Alberto Serdán, investigador en educación.

"El gran error fue darle al sindicato un rol y un papel que no le corresponde al sindicato", acepta Miguel Szekely, director del Instituto de Innovación Educativa del ITESM.

Otro acuerdo, aún vigente,  es el relacionado con las viviendas de los docentes y agremiados.

"También les entrega el control sobre créditos de vivienda, sobre materiales de construcción que el sindicato establece las reglas", detalla Alberto Serdán, investigador en educación.

Así, en el acuerdo décimo quinto, se señala que el gobierno del estado destinará recursos para la construcción o remodelación de las casas de los maestros.

Sólo basta pedirlo.

"No es su propósito, no es su ámbito de competencia y por supuesto cuando se da esa mezcla, pues el sindicato verá por sus propios intereses", reconoce Szekely.

Incluso, en el acuerdo décimo segundo se le permite a la sección 22 del SNTE en Oaxaca, la selección y nombramiento de funcionarios del instituto estatal de educación pública.

"Cerca del 98 por ciento de los trabajadores de la IEPO fueron nombrados por el sindicato, por tanto, controlan todos los movimientos en la educación y sobre todo controlan los recursos", afirma el investigador Alberto Serdán.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación encontró en la fiscalización de la cuenta pública 2011,  irregularidades en el manejo de los recursos del fondo de aportaciones para la educación básica en Oaxaca por 631 millones de pesos.

"Falta de comprobación, comisionados que no debieran estar pagados, falta de claridad en la aplicación de algunos de los pagos que vienen incluidos en la nómina, algunos conceptos que no están permitidos, pagos de días mayores de días económicos, cosas por el estilo", expresa Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación.

Son acuerdos firmados en 1992 entre el gobierno de Oaxaca y la sección 22 del SNTE.

Hoy siguen vigentes.

"La tragedia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que se convirtió en todo aquello con lo que luchó", destaca el investigador en educación, Alberto Serdán.

AGHO