En lo que va del mes de mayo, en Colombia se han registrado diversos acontecimientos que alertan respecto a una nueva ola de violencia contra la prensa y recuerdan los momentos más difíciles del conflicto interno en ese país.
El 1° de mayo Ricardo Calderón, reconocido periodista de la revista Semana, fue víctima de un ataque. El reportero había estado investigando irregularidades y privilegios a favor de militares recluidos en una cárcel militar. Su vehículo recibió cinco impactos de bala cuando regresaba a Bogotá, después de estar recolectando información sobre ese mismo tema. Afortunadamente, Calderón salió ileso del ataque.
Cinco días más tarde, en Valledupar, a 655 kilómetros de la capital colombiana, se distribuyó un panfleto en el que se amenaza a un grupo de 8 reporteros y se les advierte que "si quieren seguir metiendo sus narices en los casos de restituciones de tierras y víctimas serán ustedes las próximas" y les dan 24 horas para salir de la ciudad.
Posteriormente, el 10 de mayo, fue asesinado Alberto Lázaro del Valle, reconocido locutor de radio, director de la emisora Planeta en Cali. El periodista fue atacado por dos hombres armados que le dispararon cuando salía de la emisora.
A ello se suma la denuncia de un plan para matar al colaborador de El Nuevo Herald, Gonzalo Guillén, y a los investigadores León Valencia y Ariel Avila, dedicados al análisis del conflicto armado interno colombiano. Cabe destacar que estas tres personas ya tenían protección del gobierno dado que han enfrentado amenazas previas.
Para el fiscal general, Eduardo Montealegre "estos casos no pueden ser una simple coincidencia", recoge el diario El Espectador. Montealegre señaló que existe mucha preocupación porque los ataques se han presentado en muy pocos días en distintas regiones del país. "No creemos que sean hechos casuales o de delincuencia individual, porque tenemos hipótesis que se trata de organizaciones criminales. Que no crean las bandas criminales ni los enemigos de la paz que van a desestabilizar al país con atentados contra periodistas", sentenció el funcionario.
Voceros de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Federación Colombiana de Periodistas, así como León Valencia (uno de los investigadores amenazados) destacaron que la nueva oleada de amenazas sería una reacción a las denuncias sobre mafias políticas regionales y a la negociación de paz que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), de acuerdo con la agencia AP.
León Valencia indicó al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) que el complot para asesinarlo habría estado relacionado con una investigación de 2011 que él y Ariel Ávila habían realizado para el Ministerio del Interior, que vinculaba a unos 130 candidatos para gobernadores y alcaldes en el norte de Colombia con la guerrilla, narcotraficantes y otros grupos criminales. Valencia también afirmó que Guillén había investigado el mismo tema para un documental.
Katia Ospino, periodista del noticiero Noticias Uno de Bogotá, quien forma parte del grupo de 8 periodistas amenazados en Valledupar, indicó al CPJ: "No me van a silenciar. Continuaré informando sobre estos temas. Ninguno de nosotros ha hablado de abandonar Valledupar". En contraste, otro de los periodistas víctima de esta amenaza colectiva y quien está al frente del noticiero más importante de Valledupar hizo pública su decisión de dejar de cubrir información sobre la restitución de tierras -tema clave en las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC- hasta que no se esclarezcan las amenazas.
Estos acontecimientos evidencian un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en Colombia, la cual había venido disminuyendo durante los últimos años. Si bien los propios periodistas colombianos reconocen los avances en torno a la incidencia de asesinatos y agresiones físicas, una encuesta realizada en marzo reveló un elevado nivel de autocensura por miedo a represalias, en tanto que el 37% de los reporteros considera que aún hay grupos ilegales que atentan contra la libertad de expresión.
Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia señala que la autocensura es quizá el principal problema que enfrenta la prensa en Colombia y coincide en que si bien durante los últimos años habían venido disminuyendo los ataques directos contra periodistas, no necesariamente han mejorado las condiciones de riesgo. Morales destaca la persistencia de intimidaciones contra los periodistas, principalmente en las regiones. "Es cada vez más grande la brecha entre las condiciones de seguridad para los periodistas que hacen su trabajo en las grandes ciudades, con aquellos periodistas que hacen su trabajo en regiones, especialmente en aquellas afectadas por el conflicto," puntualizó Morales al diario El Tiempo.
La FLIP tiene documentado el asesinato de 140 periodistas entre 1979 y 2012 en Colombia. Estos casos han encontrado como respuesta del Estado la impunidad: 62 casos ya prescribieron sin que los responsables hayan sido castigados y este año prescribirán otros 3, señala la organización.
Colombia fue pionero en la creación de un programa especial de protección para periodistas. Este atiende actualmente a 94 periodistas, 37 de los cuales tienen medidas de protección duras como carros blindados, escoltas o mecanismos fuertes de protección que se renuevan o se retiran, de acuerdo con la evaluación de cada caso.
El programa de protección colombiano ha servido como modelo en los trabajos que llevaron a la creación del mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, a cargo de la Secretaría de Gobernación.
VM,
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