Hace un par de meses, Barack Obama señaló que el uso de armas químicas en Siria sería la "línea roja" que, al ser atravesada, conllevaría un cambio en la postura de Estados Unidos, hasta ahora cautelosa y tibia, ante el conflicto que se inició hace dos años en aquel país.
Existen reportes que apuntan que esa línea ya se cruzó. En tanto, el gobierno estadounidense argumenta necesitar evidencia concreta al respecto, en un escenario de acusaciones cruzadas entre rebeldes y el gobierno de Bashar al Assad en torno a la responsabilidad de haber sobrepasado el "límite".
El reporte más reciente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos señala que la guerra civil en Siria ha dejado más de 94,000 muertos. Las estimaciones de Naciones Unidas en el mes de febrero registraban más de 70,000 muertos, además de 4.2 millones de desplazados internos y 1.4 millones de refugiados. Mientras tanto, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch describen abusos atroces contra la población civil.
En este escenario, debemos preguntarnos: ¿dónde está la verdadera línea roja? ¿Sería la comprobación del uso de armas químicas lo que haría de este conflicto una situación intolerable? ¿Es la muerte de más de 70,000 personas insuficiente?
Aún más, la actual situación en Siria pone nuevamente en el debate una pregunta mucho más añeja y fundamental: ¿cuándo lo que sucede al interior de las fronteras de un Estado obliga a una respuesta de la "comunidad internacional"? O siquiera: ¿Existe esa obligación?
Después de oscuros episodios como Ruanda o Bosnia, hubo una intensa discusión internacional en torno a la necesidad de asegurar que estas tragedias no volvieran a repetirse. A partir de los principios planteados por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado se adoptó, en 2005, la doctrina de "la responsabilidad de proteger" por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta doctrina reconoce que existe una obligación de cada Estado de proteger a su propia población de violaciones graves a los derechos humanos y, cuando ello no suceda, la comunidad internacional tiene la "responsabilidad" de hacer uso de medios diplomáticos, humanitarios e incluso de la fuerza para proteger a dicha población. Esta responsabilidad colectiva se deposita en Naciones Unidas, particularmente en el Consejo de Seguridad.
Diversos especialistas señalan que la "responsabilidad de proteger" se instrumentó por primera vez a través de la acción internacional desplegada en Libia, autorizada mediante la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, del 17 de marzo de 2011. De ser éste el caso, surgen más interrogantes: ¿por qué en Libia sí y en Siria no? ¿Fue la intervención en Libia una instrumentación de esta doctrina reconocida por la comunidad internacional o sólo la alineación de diversos intereses nacionales y elementos coyunturales?
Siria y Libia: diferentes escenarios, misma tragedia
Los conflictos internos en Libia y Siria surgen en un mismo espacio temporal, detonados por una respuesta opresiva ante movimientos sociales fundados en motivaciones similares en el marco de la llamada "Primavera Árabe". De manera autoritaria, Muamar Gaddafi gobernó Libia desde 1969, en tanto que Hafez al Assad y posteriormente su hijo Bashar han gobernado Siria desde 1970.
La gravedad de la tragedia humanitaria en Siria es hoy incluso mayor a la de Libia cuando se aprobó la intervención exterior. Sin embargo, el contexto actual en Siria y el de Libia en aquel momento guardan diferencias.
En Libia la oposición tenía ya control sobre parte del territorio, mientras el ejército de Gaddafi se debilitaba. En Siria, el ejército de Assad se mantiene fuerte e incluso existen reportes de que ha ido ganando terreno durante las últimas semanas frente a una oposición fragmentada.
Si bien una oposición débil y fragmentada podría en principio ser una razón de mayor peso para una intervención del exterior con miras a cambiar el equilibrio de fuerzas, paradójicamente ello ha representado un foco rojo para un mayor involucramiento en el conflicto por parte de la comunidad internacional, no sólo por el éxito o no de la intervención, sino también por los temores, principalmente de Estados Unidos, de empoderar a sectores extremistas que pudieran ser contrarios a sus intereses.
A ello se suman las evidencias de que cada vez más el conflicto está adoptando tintes sectarios, como lo muestra el video circulado recientemente y que ha generado indignación, en el que un rebelde comete actos atroces contra un soldado del régimen de Assad y deja ver motivaciones que sobrepasan la lucha política para convertirse en un ajusticiamiento religioso.
Mientras en Libia el 97% de la población es sunita, Siria está gobernada por una minoría chiita (alauita) que representa únicamente el 12% de la población total y que ha dominado la vida política del país durante más de 40 años.
Por otro lado, en tanto que el riesgo de un desbordamiento del conflicto a través de las fronteras en Libia era bajo; Siria se ubica en una región potencialmente explosiva del Medio Oriente, como lo han mostrado los acontecimientos recientes.
Al mismo tiempo, en terreno sirio se miden otras fuerzas que trascienden la lucha entre los rebeldes y el gobierno de Assad: el conflicto de Occidente con Irán -aliado del Bashar al Assad- sumado al vínculo con Hezbolá, la seguridad de Israel, la lucha de poderes entre Rusia y Estados Unidos, entre otros elementos.
En el caso de Libia, de manera previa a la aprobación de la resolución 1973, la Liga Árabe manifestó su apoyo al involucramiento de la comunidad internacional. Este respaldo regional aportó legitimidad política a la legitimidad moral de la intervención, lo cual se selló con la legalidad otorgada por la resolución del Consejo de Seguridad.
Libia: ¿el (mal) precedente?
La resolución 1973 del Consejo de Seguridad autorizó que "los Estados Miembros (...) adopten todas las medidas necesarias (...) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia," así como "establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles".
Fueron diversas las críticas a la ejecución de la zona de restricción de vuelo en Libia, principalmente en lo relativo a su objetivo real y alcances. Países como China y Rusia han argumentado que se excedió el mandato de la resolución del Consejo de Seguridad pasando de la imposición de una zona de exclusión área a una ofensiva para un cambio de régimen, cuestionando así si la intervención tuvo lugar para proteger a los civiles o para destituir a Gaddafi.
Rusia y China tienen importantes relaciones económicas y militares con Siria que podrían estar, entre otros elementos, detrás de su veto a las 3 resoluciones presentadas hasta el momento en el Consejo de Seguridad con miras a aislar al régimen de Bashar al Assad. Sin embargo, los que consideran como excesos de la intervención en Libia han sido utilizados como argumento por ambos países para oponerse. Por su parte, Rusia se ha opuesto constantemente a la remoción de Bashar al Assad como condición para una transición o negociación de paz.
Resulta claro que la racionalidad detrás de las intervenciones humanitarias no está en que ocurran sólo cuando son justificadas, sino cuando puedan salvar más vidas de las que implican sacrificar y ello aún está en duda en Siria. No se busca aquí hacer un argumento a favor del uso de la fuerza, sino de la necesidad de que "la comunidad internacional" revise todas las medidas a su alcance para poner fin a esta tragedia humanitaria, en la que los civiles sirios son rehenes de un juego geoestratégico que ha prevalecido sobre su protección.
Es evidente que existen elementos que apuntan a que la intervención en Libia llevó aparejada, además de motivaciones humanitarias, intereses nacionales de Francia, Reino Unido o Estados Unidos, entre las que destacan la importancia de Libia en materia energética (petróleo y gas natural). A ello se suman los riesgos en materia de seguridad por un Estado promotor del terrorismo o que contara con armas químicas, además de situaciones políticas internas.
Michael Walzer señala que los líderes de los Estados tienen no sólo el derecho sino la obligación de considerar los intereses de su propia población, incluso cuando actúan para ayudar a otro pueblo. Bajo esta lógica, Walzer llega a plantear que las víctimas de una masacre son "muy afortunadas" si un Estado o una coalición de Estados tienen más de una razón para rescatarlas, por lo que la conjunción de motivos es una "ventaja práctica".
Ojalá pronto exista más de una razón para rescatar a los sirios. Queda claro que no hay salida fácil, pero como señaló en su momento el ex primer ministro Tony Blair en relación a la crisis de Libia: "la inacción es una decisión, una política con consecuencias".
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