"He estado detenido en Guantánamo por más de 11 años y 3 meses. Nunca se me ha imputado algún delito. Nunca he tenido un juicio..."
"Nunca olvidaré la primera vez que me pasaron por la nariz el tubo para ser alimentado. No puedo describir lo doloroso que es ser alimentado de manera forzada..."
"No se vislumbra un final a nuestro encarcelamiento. Negarnos comida y correr el riesgo de morir cada día es la elección que hemos hecho. Sólo espero que por el dolor que estamos sufriendo, los ojos del mundo una vez más vuelvan a Guantánamo, antes de que sea demasiado tarde..."
Este es parte del testimonio de Samir Naji al Hasan Mogbel, originario de Yemen y preso en Guantánamo desde 2002, publicado por el diario The New York Times el pasado 15 de abril.
Hace tres meses se inició una huelga de hambre en el centro de detención de Guantánamo a la que se ha ido sumando progresivamente un mayor número de presos, hasta involucrar a 100 de los 166 detenidos. Actualmente, 21 de los internos son alimentados de manera forzada y 5 se encuentran en el hospital.
Desde que George W. Bush empezó a utilizar parte de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba como prisión, en enero de 2002, algunos de sus internos han llevado a cabo huelgas de hambre para protestar en contra de su detención indefinida y del trato que reciben. Sin embargo, la gran cantidad de presos que actualmente participa y la duración de esta huelga hacen de ella una situación sin precedente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios mecanismos especiales de Naciones Unidas recientemente le reiteraron al gobierno estadounidense que la detención indefinida de individuos constituye una violación flagrante del derecho internacional y es en sí misma un tratamiento cruel, inhumano y degradante.
Asimismo, estos órganos internacionales de protección de derechos humanos destacaron la importancia de respetar la autonomía de los presos involucrados en la huelga de hambre y subrayaron que no es justificable alimentar de manera forzada a individuos ante su negativa informada y voluntaria de recibir alimentos, en tanto que las huelgas de hambre deben ser protegidas de toda forma de coerción. Por su parte, la Asociación Médica Americana ha señalado que la alimentación forzada viola los valores éticos fundamentales de su profesión.
De la retórica a la inacción
Barack Obama, primero como candidato y luego como presidente de los Estados Unidos, prometió que cerraría el centro de detención de Guantánamo. Más de cuatro años después, la cárcel y el limbo jurídico en el que se encuentran los detenidos continúa.
El presidente Obama ha enfrentado resistencias en el Congreso para avanzar en la dirección de su promesa. El Congreso bloqueó el plan inicial de Obama para transferir a los presos a una cárcel en Illinois, así como el uso de recursos federales para que fueran trasladados a cualquier otro país. Asimismo, estableció estándares sumamente elevados al exigir al secretario de la Defensa certificar que los detenidos que cuentan ya con una aprobación para ser liberados sean enviados a países que hayan aceptado tomar medidas efectivas para asegurar que esas personas no serán un riesgo para los Estados Unidos o sus aliados.
Cabe recordar que desde 2010 el gobierno estadounidense determinó que 86 de los presos, a los cuales nunca se les ha fincado un cargo, pueden ser liberados dado que no representan una amenaza a la seguridad, lo que ha debilitado aún más cualquier fundamento legal y ético para mantenerlos en prisión.
Si bien los obstáculos impuestos por el Congreso han cerrado opciones al presidente Obama, las medidas que él ha tomado y, sobre todo, las que no ha tomado, han provocado que diversos sectores denuncien su aceptación del paradigma de la "guerra contra el terrorismo" y la consecuente erosión de las libertades individuales que éste ha traído, incluyendo el sistema de las detenciones indefinidas.
Barack Obama planteó en diciembre de 2009, como parte de su plan para cerrar el centro de detención, trasladar a los detenidos a suelo estadounidense e internarlos en una prisión en Illinois. Las objeciones en torno a esta iniciativa por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas se basaron en que la propuesta no resolvía el problema de las detenciones indefinidas, sino que sólo cambiaba su ubicación geográfica.
Al mismo tiempo, en 2010, un grupo de trabajo de la administración Obama determinó que 48 presos eran demasiado peligrosos para ser transferidos, pero que era imposible juzgarlos, por lo que permanecerían en detención. A través de ésta y otras acciones, la administración hizo suyo el sistema de prisión indefinida, sin cargos.
Cabe señalar que Obama bien pudo haber vetado las decisiones del Congreso que impedían avanzar hacia el cierre de Guantánamo y también pudo haber hecho uso de sus facultades ejecutivas para superar las restricciones establecidas por el legislativo. Aún más, desde 2009 el presidente impuso una moratoria en la repatriación de los detenidos yemeníes, que son la mayoría de los presos en Guantánamo, misma que aún está vigente.
¿Hay salida?
La huelga de hambre de los presos ha puesto nuevamente a Guantánamo en la agenda de Washington y en el debate público. Durante los últimos días, especialistas, activistas y medios de comunicación han exigido al gobierno actuar y han planteado diversas opciones para que Barack Obama, haciendo uso de sus atribuciones, atienda uno de sus más grandes y ominosos pendientes.
Mientras medios como The Boston Globe o The Economist y diversos especialistas señalan que el presidente tiene la capacidad de transferir prisioneros de manera excepcional por razones de seguridad nacional (national security waiver) independientemente de la postura del Congreso; organizaciones de la talla de American Civil Liberties Union apuntan que Obama debería nombrar a un funcionario responsable de cerrar Guantánamo desde la Casa Blanca, en tanto que el secretario de Defensa podría empezar a tramitar las exenciones legales que permitirían los traslados de detenidos que se ha determinado se encuentran listos para ser liberados.
Por su parte, académicos de la universidad de Yale han sugerido que Obama envíe jueces civiles para realizar juicios en el centro de detención, y de esa forma sortear las trabas impuestas por el Congreso. Otros señalan que al declarar el fin de las hostilidades contra Al Qaeda, el presidente podría liberar a todos los detenidos.
Ante la presión de los últimos días, Obama señaló que se abocaría nuevamente a cerrar Guantánamo, intentaría persuadir al Congreso para eliminar las restricciones para transferir a los detenidos, en tanto que revisaría las medidas administrativas a su alcance. Resulta urgente que así sea. Ésta puede ser la última llamada de varios de los presos, así como para la administración Obama.
VM,
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